El colectivo de periodistas durante la concentración que bajo el lema "Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información" ha protagonizado frente al Tribunal Supremo para protestar contra el ataque de a la libertad de información que supone la incautación de móviles y ordenadores a periodistas de Mallorca. | Juan Carlos Hidalgo

TW
15

Agentes de Asuntos internos de la Policía Nacional se han desplazado desde Madrid a Palma y han comenzado ya a interrogar a los agentes del Grupo de Blanqueo en torno a la revelación de secretos en el ‘caso Cursach'. Sin embargo, las pesquisas no se quedan sólo en si se difundieron datos secretos de la investigación en torno a la corrupción en la Policía Local, sino que reconstruyen otros aspectos de la instrucción ante posibles «prácticas maliciosas».

La investigación que ha llevado a la intervención del teléfono móvil a dos periodistas y que fue ordenada por el actual instructor del caso, Miquel Florit, ha puesto la lupa en el grupo de agentes de la policía que han trabajado durante varios años de manera estrecha con el fiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva. A las pesquisas, iniciadas por los dos inspectores que ya desenmascararon a la Madame, se han sumado esta semana agentes de Asuntos Internos. En los interrogatorios a los policías de blanqueo, alguno de estos agentes habría ya aportado datos de valor para las pesquisas.

Los agentes de Blanqueo han sido el principal soporte de Subirán y Penalva durante la instrucción hasta la recusación del segundo. A partir de ese momento, buena parte del grupo ha sido desmembrado y se han asignado a sus integrantes otros destinos tras episodios como la denuncia de la madame contra mandos policiales que más tarde resultó ser falsa.

Uno de los detonantes de la investigación por revelación de secretos fue el informe sobre un supuesto delito fiscal por parte del Grupo Cursach que realizaron los agentes de Blanqueo.

Las sospechas fueron descartadas con dureza por Hacienda. Este documento se difundió cuando aún no había sido proveído por el juez instructor, Miquel Florit, al que se solicitaba que llevara a cabo cerca de una veintena de detenciones. Más tarde se abrió una pieza separada que se declaró secreta con ese informe.