Después de que EFE anunciara el martes que se sumaba a la querella contra el juez Florit planteada por Europa Press y el Diario de Mallorca, ambas empresas han registrado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares un escrito en el que amplían el relato de hechos en el que basan su denuncia por prevaricación contra Florit y la extienden al fiscal Carrau por amparar la vulneración del secreto profesional de los periodistas para desvelar las fuentes de una noticia sobre el caso Cursach.
Los querellantes entienden que no solo se vulneraron derechos fundamentales de los dos redactores a los que se les incautaron en diciembre sus teléfonos móviles, sino también a través de «la observación y recogida de los datos generados con sus comunicaciones y de otros datos asociados» mediante la solicitud de listados de llamadas a sus compañías telefónicas.
El juez Florit formuló en octubre solicitudes a compañías telefónicas para obtener la relación de llamadas y posicionamiento de teléfonos móviles de tres redactores de EFE, Europa Press y Diario de Mallorca, así como de los teléfonos de las sedes de las dos agencias de noticias.
Los querellantes aluden a documentos de la causa que les han sido trasladados en los que se pone de manifiesto que estos registros de llamadas fueron utilizados para identificar a los agentes de la Policía que fueron detenidos en diciembre como presuntos autores de delitos de revelación de secretos en relación a la filtración de un informe sobre la fiscalidad de las empresas de Bartolomé Cursach, investigado por corrupción.
En cuanto al fiscal anticorrupción Joan Carrau, la representación del Diario de Mallorca, Europa Press y sus redactores le atribuye haber instado al juez instructor a «la grosera conculcación de los derechos fundamentales» de los informadores, ignorando la garantía constitución del secreto profesional.
La querella hace referencia a un escrito en el que el fiscal solicita «el acceso a la información de los dispositivos de almacenamiento (teléfono, ordenadores y memorias externas) de los dos periodistas a los que se les incautó el teléfono».
Expresamente pidió que se permitiera a los policías que investigaban la filtración acceder a sus mensajes de wasap, «correos electrónicos y a otras redes sociales» para localizar información y documentos relacionados con la investigación judicial.
En el caso Cursach, que han instruido dos jueces antes que Florit, se investiga una presunta trama de corrupción en torno al que fuera el magnate del ocio nocturno de Mallorca en la que estarían implicados policías, funcionarios y políticos.
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