Caso Cursach

Sesenta policías del ‘caso Cursach’ acuden al Supremo para denunciar prevaricación de la cúpula del TSJIB

En la querella acusan a los magistrados de Palma de proteger al exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y el Grupo de Blanqueo

En 2017 más de 200 personas se manifestaron en la calle para pedir la inhabilitación de Penalva y Subirán. | Alejandro Sepúlveda

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Un total de sesenta policías locales del ‘caso Cursach, que fueron detenidos o encarcelados injustamente por el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, se han unido en la querella contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB). Los denunciantes sostienen que la cúpula de esta institución protegió y dio cobertura a la desastrosa instrucción que se saldó con un centenar de imputados y han llegado hasta el Supremo para exigir que se haga Justicia. «Acudimos a Madrid para que hagan Justicia en Mallorca», sostienen.

En el escrito del abogado Vicente ‘Coco’ Campaner, al que ha tenido acceso Ultima Hora, se refieren a las supuestas manipulaciones de testigos protegidos, en especial el conocido como ‘El trilero’, y apuntan a que: «Lo anterior, aunque insoportable para cualquier ciudadano, resulta menor si se compara con el comportamiento del también querellado Carlos Gómez, cuya implicación reviste una gravedad aún mayor».

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El escrito prosigue: «Y es que fue él quien instruyó la causa judicial en la que se incautaron los mensajes de WhatsApp del grupo ‘Los Intocables’ prueba crucial que dejaba en evidencia la manipulación procesal, la corrupción judicial y la existencia de una estructura criminal dentro del aparato judicial. A pesar de tener pleno conocimiento de estos mensajes, optó deliberadamente por no actuar conforme a Derecho y continuar con el plan preconcebido de encubrimiento que habían iniciado los otros magistrados querellados».

El documento, de seis páginas, incide en que: «Pero su pasividad no acaba ahí. El magistrado también tuvo acceso a mensajes en los que se confirmaba, de forma clara e inequívoca, que el entonces juez Manuel Penalva había conocido previamente al trilero que después convirtió en testigo protegido, al haber sido detenido junto a su clan familiar (conocidos por sus múltiples antecedentes por estafas en la vía pública bajo la denominación policial de «los Bustamante»)».

Por último, se señala: «Como si lo anterior no fuera ya revelador, el magistrado dispuso también de una prueba documental que demostraba la existencia de una dádiva judicial en forma de reducción progresiva de las medidas cautelares al testigo, que se correlacionaba temporalmente con su colaboración como testigo falso en la causa Cursach. Se trata de un patrón extremadamente grave: A medida que TP26 prestaba declaración siguiendo las directrices del llamado «Cártel de la Toga», se le iban modificando —sin petición de su defensa— las medidas cautelares impuestas en otra causa penal, también dirigida por el juez Penalva. De una orden de destierro del Arenal, zona donde delinquía junto a su clan, se pasó a una orden de alejamiento de 200 metros, luego a una de 25 metros, hasta eliminarla completamente».