El alicantino acusado de estafar a 349 parejas con la extracción y conservación de muestras de sangre del cordón umbilical de sus hijos recién nacidos, Raúl Conejero, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones particulares por el que ha reconocido los hechos y ha aceptado que se le imponga una condena de 4 años y medio de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental, frente a los 9 que solicitaba inicialmente el Ministerio Público.
Así lo han acordado las partes y expresado en la primera sesión del juicio que se celebra ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde si bien la parte relativa a la responsabilidad penal ha quedado dirimida, sigue el procedimiento para establecer el alcance de la responsabilidad civil de Conejero y de la empresa Stem Cell S.A., de la que era representante y que consta como responsable civil subsidiario.
Según los hechos que detalla el escrito de acusación y que Conejero ha reconocido, si bien no ha declarado al respecto, estafó a 349 parejas a las que ofreció servicios de recogida y preservación de sangre extraída del cordón umbilical, aunque luego no cumplió su parte del acuerdo, bien porque no envió el material biológico al laboratorio donde cobró por guardar las células madre, bien porque no pagó a esa tercera empresa los costes de conservar las muestras.
El acusado tenía experiencia en la materia, porque estuvo trabajando precisamente como agente comercial de la empresa Stem Cell S.A, especializada en preservación de muestras biológicas, entre 2009 y 2011 para la Comunitat Valenciana, Murcia y algunas zonas de Castilla-La Mancha. De hecho, cuando fue despedido siguió presentándose ante los potenciales clientes como representante de aquella empresa, «aprovechando la credibilidad profesional que le otorgaba».
Sobre este asunto, Conejero ha respondido a las preguntas de la representación de Stem Cell que tras el despido siguió acudiendo a los hospitales donde ofrecía a médicos y pacientes servicios de extracción y conservación de muestras y ningún médico le exigió credenciales de a qué empresa representaba ni le plantearon ninguna objeción para seguir con aquellos contratos.
NO DIJO QUE LE HABÍAN DESPEDIDO
Tampoco comunicó, o al menos no a todos los ginecólogos que había cambiado de empresa «por temor a perder la confianza que habían depositado» en él, según ha afirmado. Sí le consta, como ha dicho a preguntas de la Fiscalía, que Stem Cell había remitido una carta a los centros médicos advirtiendo del despido de Conejero.
Precisamente, esos centros hospitalarios y esos profesionales médicos que autorizaban a Conejero a prestar servicios y que se los recomendaban a los gestantes han sido los grandes ausentes del juicio para parte de las acusaciones particulares, que habían solicitado al inicio de la sesión que se suspendiera para llamar al procedimiento a algunos de ellos.
Sin embargo, el tribunal presidido por la magistrada María José Rodríguez Duplá ha rechazado esta solicitud, en línea con el criterio de la Fiscalía, porque ya durante la instrucción hubo afectados que reclamaron la imputación de los médicos y/o centros hospitalarios donde se les había extraído el material genético y fue rechazado, tanto por el instructor como en recurso en la Sala al no encontrarse indicios suficientes de responsabilidad penal en este asunto.
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