De este modo, el Jurado ha asumido parte de las tesis de la abogada de la familia de la víctima que acusaba al joven de un delito de asesinato, mientras que la Fiscalía le imputaba un delito de homicidio, que conlleva una pena inferior. Por este motivo, la Fiscalía y la abogada de la víctima han solicitado una pena de 24 años de cárcel y una indemnización de 250.000 euros para la familia de la víctima.
El otro implicado ha sido finalmente declarado culpable de un delito leve de lesiones, con lo que, en este sentido, el Jurado no ha adoptado el criterio de la acusación particular, ya que acusaba a los dos de asesinato. Por ello, le han pedido una multa de 600 y el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado ha acordado su puesta en libertad.
El juicio ha quedado visto para sentencia y el Jurado también ha considerado probado que ambos increparon y golpearon a la víctima y que el culpable de asesinato le robó con violencia el móvil, por lo que también se le ha imputado la autoría del delito de robo con violencia.
El veredicto se ha comunicado esta tarde. El jurado se había retirado a deliberar esta mañana tras tres sesiones del juicio, que arrancó el martes. En el banquillo se han sentado dos jóvenes, uno de ellos el presunto autor del 'botellazo' y el otro acusado de pegar a la víctima, según la versión de Fiscalía.
La víctima, un joven de 23 años, murió de un fuerte golpe en la cabeza la Navidad de 2017. Llegó a su casa sangrando, se acostó, y horas después su madre lo encontró muerto cuando fue a despertarle para celebrar la Navidad.
En la primera sesión declararon los acusados. El acusado por el asesinato negó los hechos y dijo no haberse cruzado nunca con la víctima. El segundo relató un episodio en el que su compañero agredió con una botella a otro joven y le robó el móvil, pero situaba los hechos en la noche siguiente y aseguraba que se trataba de un tercero, y no de la víctima.
El móvil fue precisamente una pista clave para dar con los acusados, según explicaron los policías que declararon como testigos en la segunda sesión. El hermano de la víctima proporcionó a los investigadores las claves de Google del fallecido y esto permitió consultar la geolocalización del dispositivo, mucho más precisa que la que se puede obtener de las teleoperadoras.
La reconstrucción del recorrido que hizo el terminal la noche del ataque constató que, tras caminar un trecho hacia la casa de sus padres, el joven se detuvo en la confluencia de las calles Formentera y Asturias. Después el terminal toma un rumbo opuesto y termina el trazado en la casa 'okupa' que frecuentaban los acusados, donde es desconectado. Se volvió a conectar en Barcelona, en manos de un tercero ajeno a los hechos al que le había llegado el móvil a través de un contacto de una tienda de móviles de Ibiza.
En la tercera sesión declararon los peritos, entre ellos la forense que practicó la autopsia. La doctora descartaba la posibilidad de una caída accidental debido a la energía necesaria para provocar las lesiones que presentaba el cuerpo. En la prueba documental, los familiares rompieron a llorar al ver las últimas imágenes del joven antes de ser atacado, captadas por cámaras de seguridad.
Las partes mantuvieron sus conclusiones finales y, cuando intervenía la abogada de la familia, el juez ordenó a los agentes que se llevaran al acusado porque no guardaba silencio. Mientras salía de la sala, el acusado espetó a los presentes que «no saben una mierda».
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