Momentos de tensión entre los asistentes y la Guardia Civil. | Youtube: Periódico de Ibiza y Formentera

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La fiesta ilegal celebrada durante este fin de semana en Platges de Comte, cerca de la torre den Rovira, que acabó el domingo con la detención de 73 personas, movilizó a 40 guardias civiles, seis policías locales de Sant Antoni, seis de Santa Eulària y 10 de Sant Josep. A ellos se añadieron posteriormente otros 10 guardias civiles para labores de detención y traslado de detenidos.

Asimismo, la Guardia Civil de Ibiza pidió refuerzos con el objetivo de prevenir posibles altercados, por lo que llegaron a la isla 11 efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Palma y 22 efectivos del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de Valencia, estos últimos especialistas en control de masas y antidisturbios.

En total, entre policías locales y guardias civiles se movilizó a aproximadamente un centenar de agentes.

Según matizó ayer en rueda de prensa Enrique Sánchez, delegado insular del Gobierno, los 33 agentes de Palma y Valencia permanecerán varios días en la isla a fin de evitar que este tipo de fiesta se repita en otros puntos y pueda haber altercados similares. Y es que varios agentes fueron agredidos por algunos asistentes con palos y barras de hierro.

«La intervención conjunta de la Policía Local de Sant Josep, Santa Eulària y Sant Antoni con la Guardia Civil ha sido ejemplar, pero es que la Policía Local de Ibiza también se puso a disposición de la Guardia Civil por si fuera necesaria su intervención», agradeció Sánchez. Incluso el presidente del Consell d'Eivissa, «sin tener competencias», puso a disposición todos los medios que pueda tener la máxima institución insular para este tipo de intervención.

Por su parte, José Granados, jefe de la Policía Local de Sant Josep, destacó que hubo agentes fuera de servicio que también actuaron.

Además, la Federación Hotelera y la Asociación Hotelera de Sant Antoni se pusieron a disposición de la Guardia Civil para ubicar a los efectivos que llegaron de fuera como refuerzo.

Repercusión administrativa

De los 73 detenidos, 16 pasarán hoy a disposición judicial para dar cuenta de la responsabilidad en los hechos ocurridos el domingo. «Entre estas 16 personas están, básicamente, los organizadores de la fiesta (de nacionalidad italiana) a los que se les imputan delitos de atentado a la autoridad, alteración del orden público y desobediencia a la autoridad», recalcó el delegado insular.

Además de la repercusión penal habrá repercusión administrativa y es que, conforme se vaya identificando a los implicados, se procederá a interponer sanciones por llevar a cabo una actividad sin el título habilitante, sin licencia, sin los correspondientes seguros, por infracción a las diferentes ordenanzas, acampadas ilegales y por alteración de la pacífica convivencia por el ruido emitido con el agravante de hacerse en un medio natural especialmente protegido, entre otras sanciones.

También tendrán en cuenta el control de los conocidos como perros potencialmente peligrosos que estaban en la zona, alrededor de seis que, aunque tienen chip, se verificará si los dueños cuentan con la licencia correspondiente, además de si están registrados en el censo canino y si disponen de seguro.

Control en los accesos

Por su parte, Josep Marí ‘Agustinet' quiso agradecer -durante la comparecencia- la disposición de todas las administraciones que actuaron en el dispositivo. «Lo que se tenía que evitar era que continuase esta actividad ilegal. Las policías locales, la Guardia Civil, Protección Civil, ambulancias y vecinos que colaboraron consiguieron que fuera un dispositivo ejemplar que dio como resultado una respuesta contundente», expresó.

Aunque recordó que los primeros avisos llegaron a partir de la 1 de la mañana, reconoció que durante la madrugada no era el momento más adecuado para actuar ya que en la ‘rave' había alrededor de 1000 asistentes. Lo que se hizo, por parte de las fuerzas de seguridad, fue tratar de impedir el acceso a más personas y se controlaron dos accesos con patrullas. Así, se inspeccionó a 24 vehículos cuyos conductores fueron sometidos a pruebas de alcohol y drogas, siendo tres de ellos sancionados por dar positivo en consumo de drogas. Así, el dispositivo se inició pasadas las 10 de la mañana cuando en las inmediaciones de Platges de Comte había aproximadamente 200 personas.

‘Agustinet' también matizó que este tipo de fiestas no están autorizadas y suponen un peligro «real» para los propios asistentes, además de conllevar peligro de incendio en una zona boscosa con mucha vegetación. También recordó que el Ayuntamiento no tenía conocimiento previo de la ‘rave', como se había escrito en algunas redes sociales, y que la convocatoria se podría haber publicitado a través de WhatsApp o Telegram, en grupos cerrados, lo que dificulta su localización.

«Intervención eficaz»

Por otro lado, se está investigando si los asistentes pagaron por acudir a la fiesta, ya que se encontró acopio de bebidas alcohólicas en alguno de los vehículos allí estacionados, «así que posiblemente se hacía venta de bebidas alcohólicas», subrayó Sánchez.

De momento, no ha habido nuevos incidentes y el domingo se aseguró la zona para evitar que se volviera a reproducir un evento de esa magnitud. Es preciso destacar que 11 agentes resultaron heridos leves, según dijo el delegado insular del Gobierno, sufriendo uno de ellos la fractura de dos dedos. «Fue una intervención controlada y eficaz a la vez que contundente. Se organizó de forma rápida e inteligente para minimizar los efectos negativos», resaltaron las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la limpieza del solar, desde el Ayuntamiento matizaron que se iniciará un dispositivo para dejar la zona como estaba.