«Hay que apartarla de la sociedad», ha manifestado el letrado en su alegato final, en el que ha insistido en que la acusada actuó con premeditación, alevosía y ensañamiento a la hora de arrebatar al niño, por lo que pide para ella la prisión permanente revisable. «Va a matar a más niños, estoy convencido de que no es Gabriel el primer niño que mata», ha añadido.
Para la representación de los padres, Quezada es una «auténtica asesina» que «mató haciendo sufrir al niño», según ha defendido a diferencia de lo que sostiene la Fiscalía, que en base a los informes forenses no aprecia ensañamiento. Torres ha incidido en el informe aportado por los médicos especialistas y se ha centrado en los hematomas que presentaba el cadáver, especialmente detrás de la oreja que, según ha sostenido, fue propiciado con el hacha que se empleó en el crimen.
Según Torres, las lesiones encontradas en el cuerpo irían más allá de las propias derivadas de la muerte por asfixia mecánica del menor, ya que dieron lugar a una serie de heridas que provocaron un estado comatoso en el menor antes de que fuera asesinado, según ha insistido antes de reiterar que Quezada tuvo tiempo en la finca para «fregar y requetefregar» la estancia, en la que se halló una gota de sangre en el marco de la puerta así como un perfil genético en el interruptor.
El letrado ha afeado las críticas realizadas por la fiscal al no ver, a tenor de las pruebas, la existencia de «ensañamiento» aunque «en su informe final indica que el niño sufrió», según ha manifestado antes de recordar que, según el Ministerio Público los hechos se sucedieron «de 10 a 20 minutos». «Nos parece grave que el Ministerio Fiscal pretenda sacar los colores a esta acusación cuando estamos más interesados que nadie en determinar los hechos», ha replicado.
«Desconocemos si el móvil es solo económico, o si es odio absoluto a la madre del niño o si es que le estorbaba», ha añadido el letrado, quien ha mantenido su versión, a partir del informe médico, sobre una agresión prolongada sobre el menor antes de que falleciera por asfixia. «Hemos tenido que soportar que esto ha sido un accidente, y cuando eso pasa uno reclama ayuda», ha reiterado antes de afear que la acusada indicara que fumara o pintara en la finca de Rodalquilar durante las tres horas y 19 minutos que permaneció en el lugar de los hechos.
En un duro relato de los hechos, el letrado de la acusación particular ha insistido en el que la acusada se negó a contestar en instrucción a los motivos por los que después de dar muerte al menor desnudó su cuerpo y le seccionó un brazo con el hacha a la altura de la muñeca; una acción que, según el abogado, estaba encaminada a deshacerse del cuerpo, ya que el mismo fue enterrado de forma «temporal» en la misma finca, junto a la alberca, a muy poca profundidad.
Sobre esa misma herramienta, ha recordado tanto el tío de Gabriel, como su padre y la abuela del menor no reconocieron que el hacha se encontrara en la finca con anterioridad, lo que ha empleado como un elemento más para concretar la premeditación con la que supuestamente actuó.
Igualmente, ha afirmado que a lo largo del juicio se ha acreditado la comisión de dos delitos contra la integridad moral a partir del comportamiento que posteriormente mantuvo la acusada durante la búsqueda del menor desde el 27 de febrero de 2018 en Las Hortichuelas, participando en las exploraciones y indicando a sus padres que el niño iba a aparecer.
Para el abogado, «el testimonio de Patricia cala hondo» a la hora de probar la comisión de los delitos contra la integridad moral, que junto con los de lesiones psíquicas, suponen una petición adicional de 12 años de prisión por parte de la acusación particular.
«Desconocemos el motivo por el que el fiscal no acusa de un delito contra la integridad moral», ha recalcado Torres, quien ha apuntado el fallo dictado por el Tribunal Supremo en el caso de Marta del Castillo al respecto. «Esa humillación se ha producido y por eso interesamos el delito», ha añadido tras recordar la actitud de la acusada durante la búsqueda del menor, después de que dejara una camiseta en Las Negras para «ladear» la investigación hacia su exmarido, quien habitaba en la zona.
Según el abogado de la familia, la madre del menor sufre un daño «irreversible» e «irrecuperable», lo que la lleva a día de hoy a tomar «fármacos potentes» para «poder aguantar» la situación. Frente a esto, ha calificado de «cuarta dimensión» que la defensa alegue en sus conclusiones definitivas que Quezada actuara bajo la «influencia de drogas», cuando es un hecho que, según ha indicado, no ha sido probado.
Torres, quien ha interrumpido su informe final ante los sollozos de la acusada, a quien la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero, le ha pedido que se calmase, ha insistido en un perfil «perverso» y «ruin» de la acusada, a quien, según ha desvelado, el Ministerio del Interior le ha «prohibido hacer un programa de televisión desde la cárcel». Así, se ha afanado en relatar el pasado de la acusada y sus comportamientos con sus cuatro parejas, así como la prácticamente nula relación que mantiene con su hija, que declaró contra ella durante el juicio.
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Ya sé que hay que tener mano dura con los delincuentes, pero siempre con imparcialidad y con la justicia necesaria. Este caso se está convirtiendo en un morbo total para las televisiones, y no es ya normal el ambiente generado contra esta mujer. Miremos wikipedia: "el caso Wanninkhof es un caso de error jurídico grave que sucedió en España cuando, en un ambiente de histeria popular creado por los medios de comunicación y en un juicio plagado de irregularidades por parte de las autoridades judiciales y policiales, Dolores Vázquez Mosquera fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Wanninkhof (...)."