La autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, declarando en Audiencia Provincial de Almería. Imágenes capturadas de la sala de prensa. | RAFA GONZALEZ

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La procesada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha dicho ante el jurado popular que debe decidir sobre su culpabilidad que pide «perdón» a «toda persona a la que haya podido hacer daño con mi acción».

«Pido perdón a todo el que se haya podido sentir mal por lo que yo hice y solo espero que Dios me perdone», ha trasladado entre lágrimas y sollozos, sentada en una silla ante la magistrada-presidenta del tribunal, Alejandra Dodero.

Tras sus últimas palabras, la presidenta ha levantado la sesión y ha anunciado el fin de la vista oral, de forma que este miércoles se hará entrega a los miembros del jurado el objeto de veredicto para que determinen su Quezada es culpable o no de un los delitos de asesinato u homicidio, así como de otros dos contra la integridad moral y lesiones psíquicas.

Con anterioridad a su última palabra, Quezada ha escuchado, al igual que las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado popular, cómo la fiscal Elena Fernández ha calificado la versión que dado sobre el crimen apuntando a que no tuvo voluntad de quitarle la vida como «inaceptable, inconcebible, que ofende la inteligencia y el más mínimo sentido común» al tiempo que ha remarcado que «la única verdad» que ha dicho ha sido «que mató al niño ese día 27 de febrero de 2018 en Rodalquilar».

Ha estimado acreditada la premeditación en la actuación de la procesada de acuerdo a la testifical prestada por el tío de Gabriel y por la abuela sobre que las herramientas que empleó no están en la finca de Rodalquilar sino en la casa de Las Hortichuelas y, según ha dicho, por el conocimiento que tenía de que ningún familiar iba a ir a la finca de Rodalquilar ese día.

La fiscal Elena Fernández también se ha detenido a explicar al jurado popular que ha quedado probada en sala una «intencionalidad perversa y consolidada en el tiempo» que ha sustentado en que mostraba «un desapego afectivo absoluto» con el niño y ha entrado en la motivación que pudo mover a Ana Julia Quezada apuntando que Gabriel «representaba un obstáculo» a su relación de pareja con el padre si bien, antes, ha matizado que los «motivos están solamente en su mente».

Ha rechazado, asimismo, la colaboración alegada por la defensa ya que «era irreversible después de que la pillaran», y ha remarcado la actitud «proactiva» de Ana Julia para desviar la investigación hacía quien fuera su expareja.

Ha afirmado, asimismo, que ha quedado acreditada la alevosía «sorpresiva y convivencial» ya que Gabriel era «ajeno» a la «intencionalidad criminal» de una persona «de su entorno», así como el desvalimiento «porque se aprovecha de un niño de ocho años que pesa apenas 20 kilos», ha remarcado.

La fiscal ha solicitado prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía pero ha descartado que actuase con ensañamiento porque la prueba pericial de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) no ha probado que aumentase de «forma inhumana el sufrimiento del menor».

«Es terrible, cruel, a mí, como fiscal, me estremece especialmente la falta de piedad de la procesada pero no se puede mantener que hubiese un aumento deliberado de dolor o que hubiese agonía», ha apuntado.

Tras remarcar que no puede «inventarse hechos que no han quedado probados», ha desacreditado la pericial médica de parte y ha destacado el testimonio «contundente» de los peritos forenses del IML que describen «un acto único» al tiempo que habla de «una fuerza desproporcionada» al taparle la boca y la nariz, «de una forma tan brutal que le provoca la muerte por asfixia».

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«Emiten una opinión únicamente, una interpretación errónea y, con todos los respetos, osada, que solamente se justifica por un absoluto desconocimiento de la medicina forense», ha dicho tajante tras lo que ha instado al jurado a dar «credibilidad» a la versión de «los especialistas» sobre cómo quitó la vida Quezada a Gabriel.

Por su parte el abogado de la familia de Gabriel Cruz, el letrado Francisco Torres, ha mantenido que Quezada es una «auténtica asesina» que «mató haciendo sufrir al niño y ha incidido en el informe aportado por los médicos especialistas que apuntan, según ha afirmado, a que las lesiones encontradas en el cuerpo irían más allá de las propias derivadas de la muerte por asfixia mecánica del menor.

Ha indicado que estas dieron lugar a una serie de heridas que provocaron «un estado comatoso en el menor antes de que fuera asesinado» y ha afeado las críticas realizadas por la fiscal al no ver, a tenor de las pruebas, la existencia de «ensañamiento» aunque «en su informe final indica que el niño sufrió». «Nos parece grave que el Ministerio Fiscal pretenda sacar los colores a esta acusación cuando estamos más interesados que nadie en determinar los hechos», ha replicado.

En esta línea, ha pedido al jurado popular que «no le tiemble el pulso» a la hora de conformar su veredicto, ya que la encausada «es una sociópata auténtica» que «no tiene el mismo derecho a respirar el mismo aire que respiramos nosotros». «Hay que apartarla de la sociedad porque va a matar a más niños, estoy convencido de que no es Gabriel el primer niño que mata», ha añadido.

Igualmente, ha afirmado que a lo largo del juicio se ha acreditado la comisión de dos delitos contra la integridad moral a partir del comportamiento que posteriormente mantuvo la acusada durante la búsqueda del menor. Ha señalado que la madre sufre un daño «irreversible» e «irrecuperable», lo que la lleva a día de hoy a tomar «fármacos potentes» para «poder aguantar» la situación.

Torres ha interrumpido su informe final ante los sollozos de la acusada, a quien la magistrada-presidenta le ha pedido que se calmase, y ha insistido en su perfil «perverso» y «ruin» ya que, según ha desvelado, el Ministerio del Interior le ha «prohibido hacer un programa de televisión desde la cárcel».

Por su parte, la defensa de Ana Julia Quezada ha modificado su escrito por el que inicialmente solicita una pena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, de forma que, subsidiariamente, ha pedido que se tenga en cuenta una posible condena más gravosa, de 15 años, por un delito de homicidio recogido en el artículo 138.1 y 138.2 del Código Penal.

Considera que fue un dolo eventual ya que debía haberse dado cuenta de que podía causar la muerte del menor y que concurren dos atenuantes que rebajarían la pena; confesión y arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.

Según las conclusiones definitivas, cuando dio muerte a Gabriel Cruz lo hizo «presa de la ira» por los insultos que presuntamente estaba recibiendo, lo que «que disminuía su capacidad de comprender y de controlar las consecuencias de sus actos, sin llegar a anularla». Posteriormente, habría actuado bajo influencia de los ansiolíticos que estaba tomando.

El letrado Esteban Hernández ha aludido a la prueba practicada y ha considerado que lo que manifiesta la acusación particular «no está probado por mucho que intente confundir». Ha destacado, asimismo, las «discrepancias» con la versión del fiscal, que mantiene que la asfixia se produjo con intencionalidad; algo con lo que tampoco está de acuerdo aunque sí ha dicho que su relato del mecanismo de muerte «coincide con el que ha dado Ana Julia Quezada desde el principio».

De otro lado, ha criticado las «calumnias» para dibujar un perfil concreto sobre la acusada ante el jurado basándose en su pasado y ha achacado su actuación en la búsqueda, que «nadie puede alabar», al «revuelo mediático», lo que originó en ella un estado ansioso que le llevó tener comportamientos «ilógicos» cuando recuperó el cuerpo del niño y se dirigió a Vícar con él.