Hay motivos para confiar cada vez menos en la política y en la justicia. El ‘caso ORA', que para la Fiscalía debe archivarse por falta de pruebas, ha puesto en evidencia una bochornosa Justicia, que encarcela a personas sin pruebas y mancha el honor sin un mínimo intento de reparar lo ocurrido, pero lo que ocurre en la política es igual o peor.
Merece recordar lo ocurrido con el ‘caso ORA', donde PSOE, Més per Mallorca y Podemos exigieron a Álvaro Gijón que dejase su acta de concejal en Palma cuando saltaron las acusaciones falsas sobre un supuesto soborno que solo existió en la mente de un juez y un fiscal acusados ahora de pertenencia a una organización criminal. No solo eso, Podemos también exigió «de forma contundente» que Álvaro Gijón dejase su escaño en el Parlament mientras el PP actuaba con la corriente a favor, como suele ocurrir en estos casos, y apartó al diputado del grupo parlamentario.
Podemos también reclamaba la renuncia a Sandra Fernández, que coincidió con Gijón en la dirección del PP Palma, sin ninguna imputación ni una sola sospecha de haber cometido un delito, pero a ellos les da igual. No he visto a ningún concejal progresista pedir disculpas por la bochornosa actuación contra Gijón y el empresario Toni Roig, ni tampoco a los diputados de Podemos reconocer que se equivocaron, que se anticiparon a los hechos, que dieron por buenas investigaciones para manchar el nombre de personas que el tiempo ha demostrado que no cometieron ningún delito.
Recordemos que, en este episodio, además de un empresario inocente encarcelado durante 21 días, los padres y el hermano de Gijón fueron detenidos durante un día, algo que fue motivo de chistes entre los policías implicados en la organización criminal. Si no fuese porque vivimos en España parecería un episodio digno del régimen estalinista. El que tanto gusta a algunos de nuestros políticos.
