El juez Carlos Gómez sale de la Audiencia, durante las declaraciones por el ‘caso ORA’. | Alejandro Sepúlveda

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Primera jornada de declaraciones en el Tribunal Superior de Justicia por las supuestas irregularidades cometidas por el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los policías de Blanqueo. 19 testigos, todos ellos detenidos o interrogados en los casos ORA e IME ratificaron ante el magistrado Carlos Gómez que sufrieron presiones por parte de los investigados para que admitieran delitos. También que las actas en las que se recogían sus declaraciones reflejaban afirmaciones que no habían realizado.

Junto a la sesión de este martes, la de este miércoles y la de este jueves, desfilarán ante el instructor 51 testigos propuestos por las acusaciones. La Fiscalía sostiene la posible comisión de delitos de prevaricación y detenciones ilegales en los dos casos, además de detenciones ilegales. Uno de los testigos que declaró, un funcionario municipal que ingresó en prisión por el ‘caso ORA', que más tarde se archivó por falta de indicios, relató cómo se le indicó en al menos dos ocasiones que quedaría en libertad si cambiaba su declaración, reconocía un delito y apuntaba al entonces diputado popular Álvaro Gijón. Algo similar fue ratificado por el empresario Antoni Roig. Según su versión, cuando estaba detenido en jefatura un agente se dirigió a él en al menos tres ocasiones para que implicara a Gijón. Esa misma oferta le llegó también en la cárcel.

Otra constante fue el papel del fiscal Subirán durante las declaraciones. Los testigos, entonces detenidos, insistieron en que les gritaba y que alteraba el sentido de las frases que ellos decían y que hacía que quedaran consignadas como él quería. La exconcejal del PP, Irene San Gil, fue una de las detenidas en 2016 en el inicio del ‘caso ORA'. Quedó en libertad y, a los pocos día se archivó la causa respecto a ella. Ayer confirmó que lo que consta en el acta de su declaración de ese día y que planteaba alguna posible irregularidad, no se corresponde con lo que ella pensaba y que fue utilizada para incriminar a otras personas.

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El primer abogado de Gijón, José Ramón Orta, relató cómo en varias ocasiones se le hizo llegar que él mismo estaba siendo investigado y que podía ser detenido, por lo que aseguró que se vio obligado a dejar la defensa del entonces diputado.

Declaraciones con distancia y con los abogados justos

La sesión en el TSJB se prolongó más allá de las siete y media de la tarde. El instructor limitó el acceso a la Sala a las defensas de los investigados, a los dos fiscales Anticorrupción y a las acusaciones que habían propuesto cada una de las testificales, de forma que se garantizara el espacio.

Fueron interrogatorios cortos, en el que se ratificaba lo ya dicho en policía, pero con una gran carga emocional para los testigos.