En la vista celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, la defensa del empresario y la Fiscalía han llegado a un acuerdo por el que el acusado ha reconocido los hechos, admitiendo un delito contra el derecho de los trabajadores. Así, ha visto sensiblemente rebajada la pena que se le pedía, originalmente de tres años y seis meses de prisión.
Se le ha concedido el beneficio de la suspensión de la pena teniendo en cuenta que ya ha consignado parte de las cantidades acordadas como indemnización para los perjudicados.
En virtud del acuerdo, el hombre ha reconocido que durante el curso escolar 2014-15, se encargó de realizar las actividades extraescolares de diferentes colegios de Calvià con una plantilla de trabajadores de entre 11 y 100 personas.
Sin embargo, de forma simultánea ocupó a más del 50 por ciento sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social. De este modo, el acusado contrataba a los monitores que se encargaban de impartir las clases y los ocupaba formalmente como voluntarios.
Los importes de los descubiertos a la Tesorería de la Seguridad Social durante el periodo comprendido entre septiembre de 2014 y junio de 2015 ascienden a 19.518 euros.
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