Bartolomé Cursach, junto a su mujer y su abogado, Enrique Molina, a la entrada de los juzgados de Via Alemania. | Alejandro Sepúlveda

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«Bartolomé Cursach Mas jamás ha pagado ni ordenado pago alguno ni ofrecido dádiva o presente a ningún funcionario público o autoridad para beneficiar sus intereses personales, profesionales o comerciales». El abogado del acusado que pone nombre al ‘caso Cursach' niega cualquier delito en su escrito de defensa para el macro juicio. El letrado Enrique Molina ha registrado esta semana sus conclusiones provisionales en el principal juicio del caso, en el que se sentarán en el banquillo 26 personas. En el escrito se propone la declaración de 170 testigos en el juicio, la mayoría ya planteados por las acusaciones. A diferencia de otras defensas, la de Cursach no plantea una nulidad radical del procedimiento o la suspensión del acto de juicio oral. Sus cuestiones previas son más limitadas y pretenden expulsar del procedimiento a las acusaciones particulares porque, sostiene, que están presentados fuera de plazo o se refieren a hechos que están fuera de este procedimiento.

El escrito defensivo niega las acusaciones por la que la Fiscalía reclama ocho años de prisión: rechaza presiones a otros empresarios, pagos a policías o a funcionarios de Calvià, Palma y el Govern, y considera la calificación fiscal «una suerte de ensalada de acontecimientos no fechados, algunos de los cuales son objeto de enjuiciamiento en diversos procesos, lo que compromete el derecho de defensa».

El documento niega que Cursach conociera a los funcionarios a los que se acusa haber pagado y, en todo caso, señala que en la calificación fiscal «no se identifica que realizaran acto alguno, legal o ilegal a favor de Bartolomé Cursach ni de ninguna de las sociedades a él vinculadas». Sobre las supuestas orgías en Tito's, asegura que ni las organizó, ni se produjeron: «En la acusación no aparecen identificadas ni las fechas ni las personas que hubieran intervenido». También plantea varias testificales para acreditar que en Tito's había una vigilancia expresa sobre el consumo y la venta de drogas y que se llevaron a cabo actuaciones preventivas junto a la Policía Nacional. Además, niega que el grupo no sufriera infracciones y aporta más de 200 expedientes en su contra.

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Esta semana ha concluido el plazo dado a las defensas para que presenten sus conclusiones provisionales y ahora el macro caso irá a la Audiencia Provincial. En este órgano se asignará ponente y la sala que tendrá que encargarse del juicio.