Combo de fotografías facilitadas por la Policía Nacional, que ha detenido a dos hosteleros de Melilla, padre e hijo, como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por explotación laboral de dos empleados marroquíes, que estaban en situación irregular, y a los que hacían trabajar 18 horas diarias por 120 euros en un caso, y 600 en otro. | Policía Nacional

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La Policía Nacional ha detenido a dos hosteleros de Melilla, padre e hijo, como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por explotación laboral de dos empleados marroquíes, que estaban en situación irregular, y a los que hacían trabajar 18 horas diarias por 120 euros en un caso, y 600 en otro.

En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que esta actuación se ha producido después de que su Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) tuviera conocimiento de la posible situación de explotación laboral «en condiciones extremas» de dos trabajadores de una céntrica cafetería.

En concreto, la información que tenía la Policía era que se trataba de dos ciudadanos marroquíes, ambos de 51 años, que trabajaban de camarero y churrero en un establecimiento de la Plaza de las Culturas, que incluso dormían en el interior del local.

La Policía comprobó los hechos en los días previos a la intervención y recabó la participación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social para llevar a cabo una actuación conjunta de inspección en el local, que tuvo lugar ayer a las 5.30 horas.

Según la Policía, una de las víctimas se encuentra en situación irregular en España y carece de autorización de residencia y trabajo, y llevaba trabajando ilegalmente en Melilla desde hace 13 años, 6 de ellos en el mismo local como camarero sin contrato ni alta en Seguridad Social a cambio de 120 euros mensuales. Desde que se abrió el local tras el estado de alarma trabaja sin cobrar nada.

El otro empleado cuenta con autorización como trabajador transfronterizo, pero sus condiciones de trabajo eran «abusivas e ilegales», ya que tiene contrato laboral desde hace 15 años y está dado de alta en la Seguridad Social con un contrato de 20 horas semanales cuando en realidad realizaba alrededor de 18 horas diarias, a cambio de unos 600 euros mensuales.

Ambos trabajaban «interminables jornadas laborales», de 6.00 a 00.00 horas sin descansos para la comida, y veían restringidos todos sus derechos laborales «por el absoluto incumplimiento de las condiciones establecidas en cuanto a jornada laboral y salario mínimo interprofesional, sin derecho a pagas extraordinarias, vacaciones y permisos, ni bajas médicas remuneradas», según la Policía.

Tampoco se cumplían las condiciones que establece la legislación de riesgo laborales, ya que el empleador no les proveía de guantes ni mascarillas para su protección y la de los clientes para evitar posibles infecciones por la COVID-19, por lo que ambos tenían que adquirir dichos elementos «de sus ya exiguos salarios».

En ambos casos sufrían de manera cotidiana insultos y agresiones verbales para que realizaran mejor y más rápido su trabajo e incluso amenazas de agresión física cuando solicitaban una mejora en sus condiciones laborales.

Según la Policía, los detenidos «aprovechaban de manera inhumana la extrema vulnerabilidad de la situación familiar y económica de las víctimas», al ser el único sustento para sus familias residentes en Marruecos, por lo que dormían en el interior del local en colchones en el suelo.

Los dos detenidos son de nacionalidad española, padre e hijo, de 60 y 32 años, gerente y encargado del establecimiento respectivamente, quienes habrían dejado de abonar a la Seguridad Social en concepto de impago de cuotas por estos dos trabajadores unos 60.000 euros.