El juicio al acusado de intentar matar a una mujer en Palma será el 21 de septiembre

La sección segunda del tribunal provincial ha acogido este lunes una vista previa, que se ha suspendido, y ha fijado el juicio a partir del 21 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2017, cuando el acusado, se coló un día en una vivienda, saltando desde la azotea de otro edificio, robó un televisor y lo vendió, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Pocos días después regresó a la misma vivienda, en la que se coló temprano por el mismo procedimiento y donde despertó a su moradora amenazándola con un cuchillo y exigiéndole dinero y una tarjeta de crédito, así como las claves para usarla.

Tras obligarla a quitarse la ropa la violó, la ató de pies y manos con un pañuelo y el cable de un cargador y la obligó a tomar varias pastillas tranquilizantes.

Tras volver a forzarla sexualmente y asegurarse de que estaba inconsciente, «guiado por la finalidad de poner fin a su vida y borrar todo rastro de sus huellas» prendió fuego en tres puntos distintos de la casa, dejándola allí atada, amordazada y sin conocimiento, relata el escrito de la Fiscalía.

Tras marcharse, fue un cajero automático y sacó dinero de la cuenta de la mujer.
La falta de aire por el humo despertó a la mujer, que rompió con la cabeza el cristal de una ventana y pidió auxilio. Un vecino logró abrir la puerta de un golpe y ayudó a la mujer a abrir las ventanas, mientras llegaban la policía y los bomberos. El edificio tuvo que ser desalojado por el incendio.

Cuando ocurrieron los hechos, el acusado, que tenía 21 años, estaba cumpliendo una medida de internamiento en un centro de menores, del que se había fugado.

La Fiscalía pide para el acusado 72 años de prisión por asesinato en grado de tentativa, incendio con riesgo de vida para las personas, agresión sexual continuada, un delito de robo con fuerza, otro de robo con violencia e intimidación, estafa y quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia porque ya había sido condenado por robo con fuerza en casa habitada.

El ministerio público pide también que indemnice a la víctima con unos 78.000 euros por daños físicos y morales y lesiones psíquicas. El Govern es responsable civil subsidiario.