La magistrada Rocío Martín fue una de las tres juezas que formaron el tribunal del ‘caso Nóos’. | Efe

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El principal juicio del ‘caso Cursach' ya está en la Audiencia y tiene ponente. La magistrada Rocío Martín será la encargada de redactar la sentencia de las diligencias en las que Anticorrupción reclama ocho años de cárcel al empresario y en el que también serán juzgadas otras 23 personas, la mayoría policías locales de Palma.

Martín ha sido asignada a la causa por el turno de reparto especial para asuntos complejos de la Audiencia. Se trata de una de las magistradas que más tiempo lleva en las secciones penales y ha participado en algunas de las causas más complejas de los últimos años: fue una de las juezas del ‘caso Nóos' y también formó sala en el primer juicio de Matas. Asimismo fue la ponente de la sentencia del ‘caso Scala' y de la condena del ‘caso Voltor' que supuso el ingreso en prisión del exconseller de Turisme Miquel Nadal: ambas resoluciones fueron confirmadas íntegramente por el Tribunal Supremo.

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La designación de la ponente arrastra el caso a la Sección Primera de la Audiencia, una de las dos de jurisdicción penal. Se trata de la que ha resuelto las decenas de recursos que se interpusieron durante la fase de instrucción contra decisiones del juez Manuel Penalva, que está investigado ante el Tribunal Superior de Justicia. Las defensas estudian en cuáles de esos recursos intervino la ahora ponente por si alguna de esas resoluciones pudiera suponer una ‘contaminación' de cara al juicio si existe algún pronunciamiento que afecte al fondo de los hechos que serán enjuiciados.

Lo que está aún por decidir y se hará según las normas de reparto de la Sala es qué otros dos magistrados acompañarían a Martín. El presidente de la Sección Primera, Jaime Tártalo, uno de los posibles miembros del tribunal aparece mencionado en varias ocasiones en los mensajes de WhatsApp de Penalva, Subirán y los agentes del Grupo de Blanqueo.

La Audiencia tendrá que señalar un juicio muy largo y complejo en el que hay citados en torno a dos centenares de testigos. Las defensas han planteado además varias cuestiones previas, entre otras, la suspensión del procedimiento mientras se investiga a Penalva y Subirán.