Se trata de un juicio previsto para dos semanas, con 29 acusados, para los que la Fiscalía pide conjuntamente más de 265 años de cárcel y multas que suman 8,5 millones de euros. Sin embargo, esta suma será finalmente menor debido a la mencionada rebaja en las penas.
La Fiscalía acusa a los 29 procesados de formar una banda que transportaba cocaína y hachís desde Sudamérica hasta la Península e introducía la droga en Mallorca.
A los acusados se les imputan varios delitos contra la salud pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de integración en grupo criminal. Además, a dos de los acusados se les atribuye también un delito de tenencia ilícita de armas por varias armas de fuego, para las que carecían de licencia, que fueron intervenidas durante los registros.
Los acusados que han reconocido los hechos este lunes son seis mujeres y ocho hombres. Varios de ellos han declarado que eran adictos a la cocaína y que están siguiendo tratamiento. Por otro lado, uno de los acusados ha declarado por videoconferencia al encontrarse confinado cumpliendo cuarentena.
En el trámite de cuestiones previas, varias de las defensas -entre ellas, la del presunto cabecilla de la rama mallorquina de la organización- han solicitado la nulidad de diversas actuaciones en los orígenes de la instrucción, como intervenciones telefónicas y registros domiciliarios. Con esto pretenden anular también las partes de la investigación que se derivaron de esas diligencias, siguiendo la 'teoría del fruto del árbol envenenado'.
Igualmente, han cuestionado la competencia de la Audiencia Provincial para juzgar este caso, considerando que correspondería a la Audiencia Nacional. El Tribunal resolverá sobre estos aspectos en sentencia.
El número de acusados ha dificultado la celebración del juicio puesto que la Audiencia no dispone de una Sala del tamaño suficiente para dar cabida a los procesados y abogados garantizando el cumplimiento de las medidas frente a la COVID-19.
El juicio se está llevando a cabo con el uso simultáneo de varias salas, con los abogados sentados en sillas separadas y sin mesa y en una sala diferente a la de sus defendidos. Esto ha suscitado quejas entre varios de los letrados.
Varios de los letrados han protestado por la imposibilidad de tener contacto visual con sus clientes, «fundamental en un juicio», en palabras de una abogada. «Entendemos que han hecho todo lo posible, pero esto no son formas», ha criticado la letrada.
Los defensores también han protestado por no disponer de una mesa sobre la que poder trabajar con ordenadores y documentos, «un espacio como el que tiene el fiscal, para no tener que poner los papeles en el suelo», ha apuntado uno de ellos. «Somos conscientes de la dificultad del proceso, pero no puede ser que todas las limitaciones nos afecten a las defensas», ha apostillado.
Desde el Tribunal han indicado que la dotación de medios materiales depende del Ministerio de Justicia y han instado a los letrados a dirigirse a éste.
La Fiscalía sostiene en su escrito que los acusados formaban una banda estructurada dedicada al narcotráfico a gran escala, que introducía importantes cantidades de cocaína y hachís en Mallorca. Cabe señalar que ocho de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.
Según el fiscal, la agrupación «tenía una gran estabilidad personal y logística» y habría actuado al menos desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018, año en el que fue desmantelada por una operación policial.
Siguiendo con la versión del Ministerio Público, la banda se dividía en dos ramas: una asentada en la Península -fundamentalmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid- y otra en Mallorca.
Presuntamente, la rama de la Península se encargaba de traer a España grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica. Esta droga se distribuía en Madrid y Barcelona a menor escala y también se hacía llegar a Mallorca mediante coches con doble fondo o compartimentos ocultos.
La Fiscalía detalla en su escrito la estructura del grupo y las funciones que asumían cada uno de los acusados. Señala en su escrito a J.R.S. como supuesto cabecilla de la rama mallorquina, e identifica a otras dos personas como sus hombres de confianza. En escalas inferiores se situaban personas con tareas «meramente auxiliares», como los viajes a la Península para transportar la sustancia, los encargados del almacenamiento y los vendedores que entregaban la droga a los consumidores, cobrando una comisión de la banda.
En cuanto a la rama de la Península, estaría a su vez dividida en dos sectores que colaboraban entre sí, uno dirigido desde Sevilla y otro desde Barcelona, con una persona encargada de la coordinación entre ambos. Presuntamente, la droga se traía desde Sudamérica mediante 'mulas' u ocultas en contenedores comerciales en buques de carga.
El fiscal menciona diferentes episodios concretos de movimientos de droga vinculados a la organización, entre ellos, uno que tuvo lugar en marzo de 2018 en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Según relata el Ministerio Público, dos de los acusados habían previsto introducir cocaína desde Colombia utilizando dos mujeres como 'mulas', para que viajasen desde Bogotá llevando en su equipaje prendas impregnadas con cocaína pura.
Sin embargo, fueron detectadas y detenidas por los funcionarios policiales en la propia terminal del aeropuerto. La sustancia intervenida se valoró en más de 165.000 euros y las dos mujeres fueron posteriormente condenadas a siete años de prisión.
El fiscal también detalla episodios relacionados con una 'sociedad pantalla' en Perú, que supuestamente se dedicaba al transporte de mercancías del sector primario -como madera, pescado o marisco-, pero sin actividad real. Según el fiscal, era una tapadera para el transporte de droga.
En una de sus operaciones planearon introducir la droga a través de un puerto holandés, para lo que uno de los presuntos miembros de la organización se desplazó a Países Bajos para entrevistarse con personal de confianza. La operación fue frustrada cuando se intervino un alijo que iba a ser embarcado en un contenedor desde Perú, en el marco de la 'Operación Empresarios'.
Presuntamente, el grupo intentó llevar a cabo la importación de droga con hasta 15 contenedores con cocaína oculta. La Fiscalía relata que realizaron una prueba enviando un contenedor sin droga para comprobar que no hubiera fallos de diseño en la operación y que el contenedor no llamaba la atención de las autoridades. En 2019 la policía colombiana detectó un envío de la empresa con destino a Bélgica, con 150 kilos de cocaína.
3 comentarios
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No, si todavía habrá que indemnizarlos por cese de actividad.
De 29 solo 14 lo admite, los otros son angelitos, es que resulta que se detiene a la gente por placer. Están muy pendientes de este juicio en uk, veras cuando vean las sentencias en Palma,
Que celebren el juicio en Black Friday y así la condena sale a la mitad.