La Audiencia retoma el juicio a dos hombres acusados de pagar a menores tuteladas por sexo

El juicio, que tuvo una sesión el 6 de noviembre, se tuvo que suspender debido a la negativa de una víctima a declarar. Se trata de una menor interna en un centro de protección y de no presentarse, la Audiencia podría dictar una orden de detención, puesto que como testigo tiene la obligación de comparecer.

En la primera sesión uno de los acusados, un español de 64 años, reconoció que varias veces dio a las víctimas billetes de 20 o 50 euros o les invitó a cenar o al cine, a cambio de prácticas fetichistas en las que él actuaba como 'esclavo' y las chicas como sus 'amas'. Su defensa ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía respecto a la condena que se pide para él.

Por ello, el núcleo de la prueba se centra ahora en el segundo acusado, un nigeriano de 39 años que hizo un reconocimiento parcial de los hechos que le imputa la Fiscalía.

Este hombre está acusado de un delito de abuso sexual a menor de 16 años con acceso carnal, por presuntamente mantener relaciones con esta menor a cambio de 3.000 euros. Se trata del delito más grave entre los que se juzgan, y el que lleva aparejada la mayor petición de pena, nueve años de cárcel.

La víctima de este delito se trata de la menor que se niega a declarar. El acusado sostuvo que las relaciones fueron consentidas y negó que hiciera una transferencia de 3.000 euros a cambio. Por ello, el testimonio de la chica es una pieza clave en esta acusación.

Menores

Los dos acusados -que no se conocían entre sí- se defendieron asegurando que creían que las chicas eran mayores de edad. La Fiscalía pide para los dos hombres penas que suman 23 años de cárcel, aunque se rebajará la petición para el primero de ellos.

La mayoría de las víctimas eran menores tuteladas y residían en centros especiales de acogida. El hombre nigeriano sostuvo que no tenía «ni idea» de que residían en un centro para menores, una hipótesis que contradicen los agentes de la Guardia Civil que examinaron mensajes de WhatsApp entre los implicados. Las conversaciones contenían diversas alusiones a que las chicas estaban recluidas en «el centro» de las que se podría deducir que el acusado sabría que eran menores, según la Guardia Civil.

El interrogatorio de las menores, sin embargo, fue difícil, con respuestas escuetas y confusas. Algunas aportaron versiones que no encajaban con lo que habían declarado durante la instrucción y la Fiscalía lanzó varias advertencias sobre las consecuencias penales de mentir en el juicio.

A grandes rasgos, los testimonios de las chicas coincidieron en que el hombre les dio dinero, pero dijeron que no era expresamente a cambio de sexo. «A él le salía darme 2.000 euros, era así», declaró una de ellas. También coincidieron en señalar que nunca fueron forzadas a hacer nada en contra de su voluntad.

En la vista de noviembre también comparecieron dos empleados de uno de los hoteles a los que acudía el hombre con las menores. Los trabajadores confirmaron que daba altas propinas a los empleados y que por ello en el hotel estaban todos «muy contentos» con él. Uno de ellos admitió que esto propició que nadie intentase averiguar si estaba ocurriendo algo «raro», a pesar de ver que el hombre iba habitualmente al hotel con chicas muy jóvenes.

Una camarera de pisos sí dio aviso a la Guardia Civil cuando vio a dos chicas salir de la habitación del acusado. Le parecieron «crías» y se notaba «claramente» que eran menores. «No me cuadraba la historia, ¿qué hacía él con estas dos niñas, si ni hablaban el mismo idioma? No tenían nada que ver», ha explicado. El hombre fue detenido en este hotel en octubre de 2019 en compañía de una menor.

Cabe aclarar que este juicio no deriva de la pieza conocida como el 'caso Corea', que saltó a la opinión pública tras una violación grupal en diciembre de 2019 a una menor tutelada por el Consell de Mallorca. Los hechos que se enjuician ahora en la Audiencia son anteriores, aunque cercanos en el tiempo y el sumario se instruyó igualmente durante 2020. Desde el estallido de la polémica por el caso de Camp Redó, éste es el primer caso relacionado con explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca que llega a juicio.