Sin embargo, la acusación particular, ejercida por los hermanos del acusado, pide 22 años de cárcel por un delito de asesinato al entender que sí que hubo «un claro intento» de matarlo y que fue la paliza lo que provocó la desestabilización de la enfermedad de su padre y su muerte prematura. Además, mantiene que la agresión se cometió con ensañamiento, alevosía y abuso de superioridad. Sin embargo, la defensa cree que la víctima falleció de muerte natural por su enfermedad crónica y pide tres meses de prisión por un delito de lesiones.
El juicio ha arrancado este lunes en la Audiencia de València con la selección del jurado popular, que debe decidir ahora en qué grado el hombre falleció a consecuencia de los golpes o si la muerte fue debida a las patologías previas que sufría.
La agresión, según el relato de Fiscalía, se produjo el 2 de marzo de 2016 después de que el menor le contara al acusado que su abuelo, de 75 años, le sometía a tocamientos y otros actos de carácter sexual. El hombre fue entonces hasta la casa de su padre en la localidad valenciana de Torrent para pedirle explicaciones. Una vez allí, entró en el salón y cerró las puertas para que no lo vieran las dos personas que cuidaban de su padre y le recriminó los abusos a la vez que le decía: «Te tengo que matar».
Así, sin posibilidad de que abuelo se defendiera por su edad y estado de salud ni tampoco pudiera pedir ayuda, le propinó puñetazos y patadas en la cabeza y en el tórax con una intensidad tal para matarlo o para que esta agresión le causara la muerte y le dejó tendido en el suelo en «un charco con sangre».
Por ello, califica los hechos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de parentesco y las atenuantes de arrebato, al considerar que tenía las capacidades congnitivas y volitivas levemente alteradas por el estrés generado al escuchar los abusos que sufría su hijo; y de confesión, ya que el procesado acudió a la Policía sobre las 20.50 horas.
La víctima fue trasladada al hospital, donde permaneció 41 ingresado en la UCI, 13 en planta y 68 días impedido, en total 122 días de curación. No obstante, falleció cuatro meses después de la agresión, el 5 de julio de 2016. Por ello, pide también indemnizar a sus herederos con 11.920 euros.
AGRESIÓN BRUTAL
Por su parte, la acusación particular señala que sí que hubo «un claro intento» de matar al padre ya que se aseguró de cerrar bien todas las puertas y se cercioró de que «no había nadie» que pudiera evitar la acción. Así, señala que esta «brutal agresión» fue lo que originó «un rápido deterioro que desestabilizó todas las patologías» y, por tanto, hay «un claro nexo causal». Por ello, pide 22 años y seis meses de cárcel por un delito de asesinato y alternativamente 18 años y 9 meses por un delito de homicidio.
Por contra, la defensa cree que la muerte de la víctima fue natural por la evolución del cáncer que sufría y pide tres meses de cárcel por un delito de lesiones con la eximente incompleta de alteración psquíca al conocer de «forma brusca» los abusos que sufría su hijo y la atenuante de confesión, y falta de dilaciones indebidas.
Así, señala que fue al volver en coche a su casa tras recoger al niño del colegio cuando este le contó «el secreto» de que sufría abusos por parte del abuelo. Al llegar a casa pidió al pequeño que se le contara a la madre y el menor detalló todos los abusos sexuales.
Al escucharlo, el procesado «se sumió en un estado de ofuscación» y se dirigió al domicilio para pedir explicaciones a su padre y «sin poder controlar sus impulsos» le agredió, pero sin usar arma alguna. La defensa insiste en que esta reacción fue consecuencia del «estrés agudo» que le provocó conocer los abusos lo que «le redujo su capacidad de control» y le llevó a cometer «esta acción lesiva de forma irrefrenable» y que además en el ataque también le influyó la epilepsia que sufre desde la infancia.
La defensa señala que un juzgado de Torrent abrió un procedimiento para investigar estos abusos y que el niño fue tratado por el servicio de atención a menores en 2016, que dictaminó que los hechos son «creíbles».
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