La legión despidió en Viator, Almería, al legionario mallorquín fallecido en 2019.    | Efe

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La Fiscalía pide una condena de siete años y medio de cárcel para el sargento que mató a un legionario mallorquín durante unas maniobras en Agost (Alicante) en marzo de 2019. Alejandro Jiménez, de 21 años, falleció por un disparo de fusil. El juzgado togado militar número 23 de Almería acordó el procesamiento de ocho personas y el Ministerio Público acusa también a otros tres militares. Para un teniente, al que considera coautor, reclama cuatro años y medio de prisión.

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Un capitán y otro teniente están acusados de alterar el escenario en el que se produjo el incidente, informa Europa Press. El capitán habría trazado un plan para encubrir lo que ocurrió, según la Fiscalía, que solicita cuatro años y medio de prisión para él. Los hechos sucedieron el 25 de marzo. La Fiscalía sostiene en su escrito que el sargento disparó a 12,50 metros de distancia del joven legionario mallorquín, que se encontraba con la rodilla en tierra y su fusil orientado al suelo. Alejandro Jiménez estaba comprobando su armamento tras agotar la munición.

Juanjo Jiménez, padre del militar fallecido, desvela a `È ltima Hora¿ las múltiples «irregularidades¶
Alejandro junto a su padre.

El sargento, según la versión del Ministerio Público, habría recriminado con insultos a un compañero que rompió a llorar y habría intimidado a testigos para influir sobre ellos durante la investigación. A uno de los legionarios lo habrían acosado por alertar a los investigadores de lo ocurrido. El capitán de la compañía habría dado órdenes a los integrantes de los dos pelotones que participaban en las maniobras para encubrir los hechos con «mentiras» y «alterar el escenario». El juez, en el auto de procesamiento, concluyó que pretendieron ocultar lo que pasó silenciando aspectos determinantes.

El apunte

Indemnización de 110.623 euros para los padres de la víctima

La Fiscalía pide que el sargento y el teniente indemnicen a cada uno de los padres de la víctima con 110.623 euros y establece que, subsidiariamente, debería responder el Estado. El Ministerio Público también reclama que el sargento indemnice a uno de los soldados supuestamente injuriados.