Policía Nacional

La Comisaría Oeste, ubicada en la zona de s’Escorxador. | Alejandro Sepúlveda

Juan P. MartínezPalma21/07/22 3:59
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Dos de los tres acusados de estafar casi 13.000 euros a la Policía Nacional inflando la cuota de la comunidad de vecinos que incluye los locales de la Comisaría Oeste, en s'Escorxador, negaron este miércoles en el juicio celebrado en una sala de lo Penal de Palma tener cualquier implicación en la estafa ni que sacaran beneficio económico de ello. El tercer imputado, un administrador de fincas, falleció recientemente. La Fiscalía solicita para ambos procesados, que fueron asistidos en la vista por la abogada Patricia Vadillo García, cinco años de prisión como presuntos autores de una falsedad en documento mercantil, estafa y apropiación indebida. Su defensa solicitó la libre absolución para ambos.

Según la acusación pública, durante los años 2015 a 2017, el administrador de fincas giró de forma reiterada facturas infladas a la Dirección General que pagaba los recibos de manera religiosa. El Ministerio del Interior es dueño de parte del edificio y, como tal, está sujeto al pago de la cuota de la comunidad de propietarios. Además, ocupa buena parte del inmueble. Las diferencias en cada una de las facturas trimestrales oscilaban entre los 200 euros y los 1.300. Al ser en dos escaleras diferentes y durante un periodo de tiempo prolongado, el fraude sufrido por la administración pública se cifra en casi 13.000 euros.

Esas cuantías se ingresaban primero en las cuentas corrientes de la comunidad de propietarios pero más tarde eran retiradas por los responsables de la gestoría que, de acuerdo con la acusación pública, las incorporaron a su propio patrimonio. Tal y como sostiene la Fiscalía, al frente de la trama estaba el administrador de fincas no colegiado y dos de los administrativos, que eran quienes ejecutaban el plan y giraban las facturas. Ese papel que les otorga el Ministerio Público a los imputados fue negado por ambos ante la jueza de lo Penal número 3. Durante la vista declararon casi una decena de testigos, entre ellos varios presidentes de la comunidad. También la administradora de fincas que sustituyó al acusado ya fallecido y que fue la que repasando las cuentas detectó la estafa y denunció los hechos. El juicio quedó visto para sentencia.