El reglamento interno de la Benemérita es extremadamente duro con las conductas delictivas y en este asunto, dada la gravedad de los hechos y que las víctimas son menores, la reacción policial será «fulminante», han añadido las citadas fuentes. El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena, lo que supone su inhabilitación total.
Desde que estalló el escándalo, y el guardia civil fue detenido, ha estado suspendido de sus funciones, como suele ser habitual en estos casos. La Comandancia palmesana abrió un expediente y ahora, con la sentencia de ayer, se pone el marcha el mecanismo para expulsarlo definitivamente. El acusado, de 54 años de edad, ha indemnizado a las dos víctimas con 10.000 euros a cada una, por lo que el Tribunal ha tenido en cuenta el atenuante de reparación del daño.
El funcionario ha sido condenado a una pena de prisión de nueve años y ocho meses, por lo que también deberá ingresar en la cárcel de Palma en los próximos días. Al tratarse de un agente del orden tendrá inicialmente un protocolo especial para evitar agresiones. La condena del guardia civil ha causado gran impacto en la Benemérita, aunque las fuentes consultadas han destacado que la investigación del propio Cuerpo permitió el arresto del agente.