Miguel Ángel Subirán y Manuel Penalva, a su llegada esta mañana a los juzgados de sa Gerreria. | ALEX SEPULVEDA

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Las defensas agotan toda su munición para intentar dejar fuera del procedimiento los mensajes de whatsApp que cruzaron el exfiscal Miguel Ángel Subirán, el exjuez Manuel Penalva y los agentes del Grupo de Blanqueo. La primera sesión del juicio se quedó en la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas de los seis acusados. Todas ellas buscan anular toda la investigación y que el juicio se quede en dos jornadas. El núcleo de la discusión se centró en el teléfono móvil de uno de los agentes acusados: Iván Bandera. Fue detenido en diciembre de 2018 y entregó el terminal en el que aparecieron los mensajes. La línea de ataque es doble: por un lado, las defensas sostienen que fueron detenidos tras la «vulneración de derechos fundamentales» que dicen supuso el acceso a los listados de llamadas de dos periodistas. En segundo lugar dicen que agente fue «coaccionado» para entregar el móvil en lo que, el abogado del exjuez y el exfiscal, denominó «21 minutos de oscuridad».

Lo único que se salió algo de lo previsible fue el enfrentamiento abierto entre el abogado de Penalva y Subirán y la Fiscalía, que ya se adivinaba tras el escrito de defensa. El letrado Javier Barinaga pidió directamente a la Sala del TSJIB la expulsión del fiscal Tomás Herranz. Le acusan de forzar el archivo del ‘caso ORA', una «maniobra» para buscar elementos incriminatorios en este juicio. Pese a sostener que «no es un ataque personal» insistieron en la «inhabilidad» del representante del Ministerio Público. En esta línea, Barinaga también tildó de «maniobras de Fiscalía» la atribución del caso a distintos fiscales y, en especial, la presencia del fiscal Juan Carrau.

Ahí el fiscal sí respondió. Aunque será el miércoles cuando conteste a todas las cuestiones previas sí quiso dejar claro: «El sistema informático no nos permitía desde Madrid incorporar escritos al procedimiento y esa es la razón de que estuviera designado al señor Carrau. No hay fantasmas». También apuntó a excesos en el derecho de defensa: «Intentar engañar a la sala diciendo que alguien ha hecho lo que no ha hecho excede ese derecho». También desmintió que Carrau estuviera adscrito a los casos ORA y Cursach: «Estaba designado en exclusiva Miguel Ángel Subirán, se diga lo que se diga. Don Juan Carrau no es superior jerárquico de este y que esto lo diga alguien que ha sido fiscal… lo voy a dejar en lamentable».

Barinaga planetó en total una batería de once cuestiones previas. La consecuencia de todas esas supuestas vulneraciones de derechos fundamentales sería anular todo el caso. La principal es la que tiene que ver con la sentencia del Constitucional que dio amparo a dos periodistas y que terminó en la nulidad de los autos del juez Florit en los que acordaba el acceso a los números a los que habían llamado dos periodistas. Todas las defensas sostienen que el policía Iván Bandera fue detenido en base a indicios obtenidos en base a esa intervención y, por tanto, sostienen que es nulo.

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El exfiscal Pedro Horrach, que ejerce la defensa del subinspector de Blanqueo, Miguel Ángel Blanco afirmó que los investigadores policiales «estaban perdidos» sobre quién había filtrado un informe policial y niega que hubiera una entrega voluntaria del móvil: «El consentimiento está viciado. Cuando uno entrega su teléfono para que se revise, da consentimiento para que se vea el contenido, no lo que está borrado y aquí el único chat que importa había sido borrado. Cuando borra algo es para ocultarlo», añadió.

Otro punto negro que reprochan de forma común es que fuera el propio Florit quien asumiera la instrucción y que ni él ni Juan Carrau se abstuvieran, lo que implicaba excluirse de ser los posibles filtradores. Entienden que se ha producido una vulneración al derecho a un juez imparcial. A esto suman la investigación que abrió el TSJIB que desembocó en el juicio a Florit y en la que el fiscal estuvo imputado un tiempo. En la misma línea consideran que es otro motivo de nulidad que la investigación no fuera asumida por Asuntos Internos de la Policía Nacional.

El abogado del exjuez y el exfiscal también abundó en acusaciones contra mandos policiales de las Islas a los que, junto a los fiscales, responsabiliza de la causa contra sus representados. Intentó aportar a través del antiguo testigo protegido 29, unos documentos: «El señor Corral aporta correos electrónicos de los policías a algunos de los abogados que ejercían la acusación particular».

El juicio seguirá el miércoles con la respuesta de la Fiscalía y las acusaciones particulares. Otro de los argumentos comunes de las defensas ha sido cuestionar el papel de estas. Sostienen que carecen de legitimidad para determinadas acusaciones. Eso apunta en especial a la que reúne a Bartolomé Cursach, Sbert y otros afectados, que incluyen los mismos hechos que la Fiscalía en su calificación provisional.