El fiscal denuncia que Penalva y Subirán le han puesto dos querellas

Han terminado las acusaciones con la intervención del abogado Pedro Torres Marí, que fue uno de los funcionarios municipales detenidos durante el 'caso Cursach' y más tarde exculpado.

Una de las acusaciones, que representa a tres agentes de policías locales anuncia que reacciona a la acción penal en el juicio aunque se reserva acciones civiles.

Molina defiende que, como acusación particular, sí puede acusar por todos los delitos que hay encima de la mesa.

Molina, al igual que hizo antes la Fiscalía apunta que también la acusada Blanca Ruiz entregó de forma voluntaria su teléfono móvil cuando fue detenida tres meses después de que hubieran ya aflorado los chats y que, de nuevo se obtuvieron allí. En este caso, esta agente no había borrado los mensajes previamente.

Informa Enrique Molina, el abogado que representa a Bartolomé Cursach en el juicio. Apunta a que sus denuncias inciales sobre revelaciones de secretos ya apuntaban a Iván Bandera y al inspector del grupo de Blanqueo.

Oriol Rusca sigue con un tono indignado: "Lo que pasó en el 'caso ORA' no está en el metaverso de un chat, está en la realidad de que sus padres fueron detenidos, el hermano de mi cliente tuvo que dormir en prisión. No está en el metaverso, está en el universo, en la realidad. Lo hicieron con absoluta mala fé".

Oriol Rusca sostiene que los propios acusados reintroducen los chats en la causa cuando no los han cuestionado en la instrucción y los han avalado así.

Josep Oriol Rusca, que representa a Álvaro Gijón: "Este letrado quiere manifestar a la sala su indignación por insinuaciones inaceptables y teorías conspiratorias que afectan a los policías o a los letrados. Solo quiero manifestar que nosotros, estas acusaciones no somos así, no hacemos esto como algunos quizá así lo hicieron. No buscamos teorías de la conspiración para intentar enturbiar este juicio. No somos de esa calaña".

El abogado Salvador Perera, que representa al empresario Antoni Roig: "Las coacciones que sufrió el señor Roig por estar detenido 72 horas detenido, es sí se puede calificar de terrorífico, no tiene que ver con listados de llamadas".

El letrado Ángel Aragón explica por qué acusa por coacciones a testigos y detenidos que no son su representado: "Se les presionaba para que incriminasen al señor Femenía. Alguna legitimación debe tener el señor Femenía".

Arranca la acusación particular que representa a Miguel Femenía, funcionario detenido en el 'caso ORA'. "Fue detenido, llevado a prisión esposado, fue ingresado en prisión y se le embargaron bienes por más de seis millones de euros. Lo sufrió en sus propias carnes y estuvo en prisión«. Su abogado, Ángel Aragón sostiene que ya denunciaron lo ocurrido tras el arresto incluso de forma desconectada del 'chat Sancus'. »No se pueden expurgar los 22 días que estuvo en prisión el señor Femenía".

Termina el fiscal y la sala hace un receso.

Termina el fiscal y la sala hace un receso.

El fiscal Tomás Herranz responde a la petición de expulsión que formularon Penalva y Subirán: "¿Qué pretende la defensa que haga la sala? Es el camino pedirle a la Sala que me diga que me levante y que me vaya. Lo saben porque defienden a un fiscal y a un juez. Saben cuál es el camino: han pedido a mi jefe que me separe y no lo ha hecho. Sigo aquí.

Se ha intentado por otras vías: existen dos amenazas de querella que se están tramitando en órganos nacionales. Si la finalidad es causar cualquier tipo de temor, debo informarle que no va a ser el caso. Voy a seguir, va a seguir este fiscal".

El fiscal ironiza sobre la intervención del abogado de Penalva y Subirán que dijo que el arresto de Iván Bandera había sido algo «terrorífico»: El «ministerio fiscal celebra que una detención de 21 minutos sin bajada a calabozos le merece una consideración de terrorífica. Veremos qué le parece cuando analicemos las que son objeto de acusación».

Para el fiscal no hay vínculo entre los listados de llamadas de los periodistas y los chats de whatsApp, toda vez que tanto Iván como Blanca entregaron sus terminales de forma voluntaria.

Sobre el móvil de Blanca, el fiscal manifiesta que lo entregó de forma voluntaria también, según el acta de su detención cuando ya había sido puesta en libertad y que facilitó la clave de desbloqueo. En aquel momento ya se le informó que existían los whatsApp.

Aborda ahora la detención de Blanca Ruiz, en cuyo móvil también se recuperaron más chats y una versión más completa que sí incluye quién envía cada uno de los mensajes. El fiscal explica que no fue detenida por ningún dato que derivara de los listados de llamadas de los periodistas.

«Es como si un narcotraficante permite con su abogado entrar a la policía en su casa y se encuentra dinero ocultado en una pared. ¿No valdría entonces?»

Añade Herranz: "En su declaración judicial en esta causa, con pleno conocimiento del contenido de la causa y con asistencia letrada dijo que entregó voluntariamente el teléfono y que prestó autorización para que se buscara revelación de secretos".

Aborda ahora la entrega del móvil y sostiene que fue voluntaria. «No fue bajo temor o coacción. Está confiado porque había borrado los mensajes. Pudo oponerse a su desprecinto y no lo hizo». Insiste Herranz en que se trata de un policía nacional que conoce sus derechos.

Habla de la declaración que hizo Iván Bandera como testigo meses antes de su detención. Mostró ahí sus mensajes de móvil y los investigadores vieron que había borrado todos desde hacía un mes.

Sostiene el fiscal que existían ya sospechas sobre el policía Iván Bandera, del que sale el whatsApp. "La llegada al teléfono de Iván era un descubrimiento inevitable que rompería la conexión de antijuricidad".

Defiende que la actuación policial al acceder a las llamadas no prentendía vulnerar el derecho profesional de los periodistas: "Hicieron lo que un juez les autorizaba. No existía voluntad de los policías de vulnerar el secreto profesional de los periodistas".

Herranz alude a un auto del TSJIB de noviembre de 2022, cuyo ponente fue Antoni Terrasa, que ya valoraba que la legalidad o no de los whatsApp debía decidirse en juicio «con pleno conocimiento» e insiste en que deben resolverse en la sentencia.

Aunque defenderá que no hay nulidades, sostiene que, en todo caso el juicio debe celebrarse y que el TSJIB decida en la sentencia.

Insiste en que los hechos por los que acusa descansan en pruebas que no derivan de los autos de Florit que intervenían los listados de llamada de los periodistas y que fueron anulados por el TSJIB. "No hay relación con los autos declarados nulos por el TSJIB con la investigación del 'caso ORA' pues se basa en las declaraciones de los que sufrieron detención en aquella causa. No hay referencias en este atestado de datos extraídos de los listados de llamadas".

Insiste en desvincular la causa de cualquier nulidad y alude a un auto de Florit: «Este auto no queda afectado ni por la sentencia del Constitucional ni por los posteriores autos del tribunal de 25 de enero del 23. Es un auto válido».

El fiscal repasa las múltiples denuncias por filtraciones de información secreta en el 'caso Cursach'. «Todo ello es independiente y está desvinculado de las resoluciones que anulan distintos autos». Desvincula así el inicio de la investigación de la intervención de los móviles de los periodistas.

Alude a la filtración de dos informes del fiscal que aún no habían sido proveídos por el juez Florit. «No es delictivo, pero sí hacemos notar que se publica antes de que haya sido proveído por el juez».

Comienza el juicio. El fiscal, Tomás Herranz toma la palabra. «¿Estamos aquí porque un juez asqueado por todo lo que salía publicado pidiera investigarlo? No». Se refiere a Penalva.