El procedimiento canónico excluye una responsabilidad del sacerdote.

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El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Mallorca ha exculpado a un sacerdote diocesano acusado de abusos sexuales por una mujer. La misma denunciante también ha apuntado a que fue víctima de delitos sexuales por parte de otros dos sacerdotes, en este caso ambos jesuitas. El decreto que finaliza el procedimiento canónico considera que «no se ha podido alcanzar certeza moral» de que el religioso se aprovechara una discapacidad intelectual de la denunciante para abusar de ella. De hecho, existía una discrepancia entre los informes psicológicos del caso sobre la capacidad de la denunciante para rechazar mantener relaciones sexuales con el sacerdote, que ahora tiene más de ochenta años de edad. Los hechos denunciados se habría producido hace tres décadas.

La resolución, aunque descarta una infracción que hubiera supuesto la expulsión del sacerdote del estado clerical, le impone una penitencia porque sí considera acreditado que pecó. La clave del asunto es que no hay pruebas de que el encausado fuera consciente de ninguna anomalía y que, por tanto, consideró que eran unas relaciones consentidas sin ningún obstáculo.

La mujer denunció en 2020 al Obispado de Mallorca haber sido víctima de abusos sexuales por parte de tres religiosos. La investigación eclesiástica en torno a los dos miembros de la Compañía de Jesús pasó a este órgano que, la semana pasada, a través de un comunicado, señaló que aún estaba pendiente de resolución definitiva. Indicaban que, al igual que hizo el Obispado de Mallorca se han tomado una serie de medidas cauteleares sobre los dos jesuitas. Ambos residen ya en la Península. La orden pedía perdón a la víctima «no solo por el grave sufrimiento personal y psíquico ocasionado por los religiosos sino también por no haber sabido proteger a una joven vinculada a nuestra pastoral».

Sobre el sacerdote diocesano, la víctima denunció que mantenía una relación de amistad con su familia y que, a partir de ahí se produjo la situación de abusos, que se habrían producido hace alrededor de tres décadas, cuando la denunciante tenía veinte años y el sacerdote alrededor de cincuenta. Afirmaba que sufre una serie de problemas psicológicos derivados de los abusos por parte de los tres religiosos y que no tenía capacidad para oponerse a sus deseos dado que vivía una situación de bloqueo. Los abusos que relató de los dos jesuitas son anteriores a los que ahora ha descartado castigar el tribunal eclesiástico. De cualquier manera, la víctima ha anunciado su intención de presentar también una denuncia en la jurisdicción penal por esos mismos hechos.