Imputados y testigos del ‘caso ORA' afirman que fueron coaccionados para declarar

No fue el único en este sentido. En la sesión del juicio, otros cuatro testigos relataron hechos parecidos. Tres directivos de la UTE adjudicataria de la ORA fueron citados como imputados en la causa. Representaban a Dornier, la principal empresa nacional del sector. Los tres coinciden en que se les ofreció pasar de imputados a testigos si declaraban en contra del empresario Antoni Roig, uno de los dos presos del caso. «Sí que me gustaría que los acusados lo supieran: esto no se hace sin pruebas sólidas. Se reían, se jactaban. Eso no es un Estado de Derecho», dijo uno de ellos. En la misma línea también declaró el propio Roig, que relató como, desde antes de su detención se buscó como objetivo que reconociera el amaño y culpara a Álvaro Gijón de un cohecho. El primer episodio vino días antes de su arresto, a través de un amigo del juez Penalva, que le trasmitió un mensaje del magistrado. El episodio es admitido por Penalva y por el amigo, que también declaró en el juicio.

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Tras esa mediación fallida, Roig fue detenido en la operación de octubre de 2016. En el juicio relató que, en los tres días que pasó en el calabozo el mensaje fue similar. «El subinspector me cogió, me dio: ‘sabemos que has pagado', que has dado un piso. Pensé, ‘estoy jodido': si digo la verdad, que no he pagado, me van a tener todo el tiempo que quieran». Escenas similares se repitieron con el mismo subispector todos los días del arresto. Otra vez en la declaración judicial: «Yo tenía claro desde el minuto uno que si hubiera dicho o insinuado algo del señor Gijón me hubiera ido a casa como un champion a los cinco minutos».

En prisión Roig recibió otro mensaje, de un policía nacional: «Si llamas al subinspector Blanco será la última llamada que hagas desde aquí». Su mujer confirmó ayer otro episodio: fue a renovar el DNI y dos de los policías acusados la abordaron. «Me dijeron que o mi marido cambiaba la declaración o tenían más casos para meterle en prisión».

El empresario relata que también le indicaron que revisarían todos sus contratos y que podían detenerle cada mes. Admite que asumió una condena en el ‘caso IME', en el que también estuvo en prisión preventiva «para poner fin a todo esto». También aludió al daño que sufrió su empresa como consecuencia de la detención y la explosión del ‘caso ORA'.