Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán fueron juzgado el pasado verano en el TSJIB. | Alejandro Sepúlveda -

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La Fiscalía del Tribunal Supremo pide ampliar la condena al juez Manuel Penalva y al fiscal Subirán más allá de los nueve años que les impuso a cada uno el Tribunal Superior de Justicia. El Ministerio Público ha formalizado su recurso ante el Alto Tribunal y en él reclama que se aplique el delito de detención ilegal al arresto de los padres y el hermano de Álvaro Gijón, lo que se traduciría en quince años más de prisión. El TSJIB consideró que esas detenciones en el marco del ‘caso ORA' fueron un delito de coacciones para presionar al entonces político del PP para que renunciara a su acta como diputado autonómico.

El recurso del Ministerio Público recupera las tesis que mantuvo Anticorrupción durante el juicio. Esto es, que esas detenciones fueron «arbitrarias, ilegítimas y lesivas» ya fuera desde su propio inicio o «en el transcurso de la detención». El recurso considera que el TSJIB no terminó de decidirse en la sentencia: «Llama poderosamente la atención el carácter vacilante de la fundamentación de la Sala Civil y Penal Sentenciadora», manifiesta. Achaca a la sentencia del Tribunal Superior párrafos contradictorios: en unos muestra la «convicción de que las detenciones de la familia Gijón eran inicialmente lícitas» y en otros, señala que no lo dice así.

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La Fiscalía del Supremo se decanta por la segunda opción y recuerda que todo el ‘caso ORA' partía de un testigo protegido que aludía a rumores en la adjudicación. El TSJIB descartó que se tratara de un delito de detención ilegal por motivos técnicos en la aplicación del tipo penal y la Fiscalía centra su recurso en desmontar esa argumentación. Descarta que la detención se efectuara con el amparo de una investigación por delito porque la causa «no se seguía contra los padres y hermano del investigado Álvaro Gijón», aunque luego fueran imputados.

El Tribunal Supremo ha tenido por presentado el recurso de la Fiscalía, además del que han interpuesto las defensas y otras dos acusaciones: la de Álvaro Gijón y la de un funcionario municipal. El resto de acusaciones no han formalizado recurso, una vez que el TSJIB acordó absolver por falta de pruebas, lo que complica mucho el recurso de casación.

Penalva y Subirán alegan una veintena de motivos para combatir la condena que les impuso el TSJIB que, si fuera confirmada, supondría un cumplimiento efectivo de más de siete años de cárcel. Esa previsión se multiplicaría en el caso de que el Supremo de la razón a la Fiscalía en su recurso.