Las conclusiones de la Fiscalía contra Penalva y Subirán

Termina Herranz. El ponente de la sentencia le ha preguntado por la posibilidad de castigar como un único delito continuado los delitos por obstrucción a la Justicia por los que califica el fiscal.

«También nos ha llamado la atención que la defensa del fiscal pidiera y obtuviera la exención de la causa por no estar en condiciones para someterse al juicio. Hemos presenciado la atención y la celeridad con la que auxiliaba a su defensa. ¿Cómo es posible que eso sucediera?»

"Algunos hechos que han llamado nuestra atención: primero, que algunos abogados que asistieron a los imputados en las causas han relatado que tenían miedo de ser detenidos. ¿Es una exageración o una sensibilidad exagerada? Auto de junio de 2016 que abre unas diligencias previas para investigar a los letrados que indican y presumiblemente otros que estarían organizando un plan, expresión que daba excusa para investigar a cualquier letrado que pudiera ser denunciado por un testigo protegido. Parece que no estaban infundados".

Herranz: «Nos falta una cosa. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Cabe preguntarse por qué un juez que gozaba de buena reputación, como un fiscal especializado y un grupo de policías cayeron en la deriva que he expuesto. Cómo es posible? ¿Por qué se dio? No tenemos la respuesta de los acusados. Para intentar una posible explicación a lo que ha pasado sin disminuir lo más mínimo la responsabilidad penal debemos recurrir a la psicología de masas. En el chat podemos encontrar muestras de la alimentación de la psicología de grupo que permitía que ninguno contrariara al juez o al fiscal sin tener dudas».

Insite en que la entrega del teléfono de Iván Bandera fue voluntaria. A otros de los acusados se les pidió y no lo dieron, como José Luis García Reguera. Igualente habla de Blanca Ruiz.

"La investigación no guarda ninguna relación con los teléfonos cuyas llamadas se pidieron ni de los periodistas. A Iván Bandera se iba a llegar con independencia de lo demás, era una consecuencia lógica de la investigación. Es autónoma, no tiene nada que ver".

El fiscal entra en la investigación y en la validez del chat. Repasa las declaraciones de otros policías de Blanqueo que aportaban indicios de que el policía Iván Bandera era sospechoso de las filtraciones.

Herranz entra en las filtraciones y en que nada hicieron los acusados para impedirlas. Pone como ejemplo lo declarado por el testigo protegido 19 que les avisó de una entrevista con el 'caso ORA' bajo secreto. «No hicieron nada cuando fueron requeridos».

El fiscal alude a una declaración que negaba al dueño de un burdel y que sostiene que fue ocultada.

El fiscal da credibilidad a Sbert cuando dijo que fue amenazado por Blanco con pasar cinco meses en prisión si no hablaba de Rodríguez.

El fiscal se detiene en un informe de más de 700 páginas que hizo el inspector Reguera y que Penalva tuvo dos meses en un cajón. En él se pedía la imputación de una veintena de cargos públicos de Palma. «Apareció en prensa y las partes no pudieron verlo».

«Y eso, si Miguel Ángel Blanco no lo sabía porque personalmente dudo de su capacidad, debía saberlo el juez Penalva y el fiscal Subirán también, que es un fiscal Anticorrupción. Lo debían de saber. Si se ofende el señor Miguel Ángel Blanco, también debería saberlo No quisieron verlo, cerraron los ojos, les dio igual».

Herranz afea a Penalva que no revisara los documentos que descartaban sus tesis y estaban en la causa. «No podemos aceptar la alegación de que tenía mucho trabajo y que no revisaba la documentación. Podía, si quería, pero es más fácil tener otras actividades, las tardes libres, los fines de semana libres e ir al juzgado por la mañana a hacer cositas. Es más fácil que estudiar y trabajar».

"¿En serio se lo creía, se lo creía usted que valía para blanquear? No, les valía cualquier cosa, cualquier cosa valía. No había rigor, no había prudencia, no había ecuanimidad, no había nada de nada. Había inquina, había sesgo de confirmación y eso estaba voluntariamente en la mente de los acusados. Lo sabían."

Dice que no existían indicios de blanqueo de capitales: "Racionalmente, con lo que tenían antes de las detenciones, no puede considerarse una fórmula para introducir en el tráfico legal el dinero por la simple razón de haberse detectado el pago solo de 4.000 euros. Vaya blanqueo. ¿De verdad un análisis riguroso puede concluir que 4.000 euros son un blanqueo de capitales?« Añade otras operaciones en las que había movimientos en cuenta de diez euros o de cien. »¿Eso racionalmente es un blanqueo?"

Afirma Herranz que él y la fiscal Concepción Sabadell, solicitaron el archivo provisional de la ORA «por una cuestión de prudencia de la que carece el fiscal acusado» por si aparecía otra prueba. Sin embargo, la Audiencia decidió que no existía ningún delito y lo archivó de forma definitiva.

Insiste en la declaración del testigo protegido 19. "Me han dicho que dicen que. Con esto detenemos a tres personas, dos de ellas muy mayores de edad y que sufren las consecuencias de esta detención gratuita hasta el punto que una de ellas todavía no ha salido de su casa".

Ahora aborda la detención de la familia de Álvaro Gijón: "Desde el mismo momento en que se decidieron y practicaron estas detenciones también eran arbitrarias".

"El ingreso en prisión obedecía solo a que culpara a Gijón o confesara su propia culpa, circunstancias que no están justificadas por la ley y que debemos repudiar".

Insite el fiscal en repasar los testigos que tenían que declarar durante la prisión de Roig y Femenía por riesgo de que fueran influido.

El fiscal destaca la testifical del exconcejal Juan Ferrer: "Mención aparte porque nos mereció por la forma en que se expuso, el testimonio de Juan Ferrer, que había sido propuesto por las defensas. Declaró que tras ser testigo de las detenciones se puso en contacto telefónico al día siguiente con Subirán y le ofreció toda la documentación que necesitara y que la tenía guardada bajo llave. Esto lo sabe Subirán al día siguiente de las detenciones. ¿Cómo se puede justificar la prisión en el riesgo de destrucción? Lo que dijo en la vistilla no es verdad y lo dice plenamente consciente de lo que dice".

El fiscal señala que las diligencias que se llevaron a cabo con Roig y Femenía en la cárcel no tenían relevancia ni podían ser influenciadas por los dos presos preventivos, por lo que no justifican la medida.

Aborda el ingreso en prisión preventiva de Antoni Roig y Miguel Ángel Femenía: "No existía riesgo alguno de destrucción de pruebas, el expediente estaba íntegro y tenían la colaboración plena del Ajuntament de Palma".

"El juez le dijo: «Si lo llego a saber antes, yo le encierro».

Habla de otro funcionario citado como testigo: "El fiscal le dijo que escondía algo y que esa noche dormiría en los calabozos. Para calibrar como fue el interrogatorio debemos tener en cuenta que el testigo salió en estado de shock de su declaración y pensando que la justicia no existe".

El fiscal entra en los delitos de coacciones a testigos. Señala primero un funcionario al que se le planteó pasar a ser testigo si confirmaba otras declaraciones y que, si no, le podían imponer diez años. «Dijo que se sintió totalmente intimidado, otra opción no cabía».

Herranz recueda que Penalva, en los chats dio el «ok» a las detenciones. «Todos son conscientes, nadie de los acusados puede eludir su responsabilidad, no fue un impulso de Miguel Ángel Blanco o de Iván Bandera, no fue una decisión del jefe de grupo, fueron todos en conciencia».

Herranz reprocha sobre la detención de Roig: "El piso no lo podía haber entregado Roig porque lo había construido la familia Gijón con su propia constructora. Ni antes, ni después, los acusados realizaron ningún intento de revisar las cuentas personales ni empresariales para rastrear ningún pago".

Herranz repasa ahora la detención del exconcejal Gabriel Vallejo. «Tampoco está justificada». Recuerda que no era concejal en ese momento y que no se le preguntó por ninguna actuación en concreto. «No había posibilidad de que interfiriera en el procedimiento».

Insiste Herranz en que las conclusiones del atestado eran falsas y que la única motivación era la que constaba en las fichas policiales, «que venda a ..» «Repugna al Ministerio Fiscal ver esto y a la Sala le debería repugnar».

Reprocha que el atestado que desmbocó en las detenciones tampoco detallaba la participación de cada uno de los funcionarios arrestados.

Repasa el atestado del subinspector Blanco, un informe «puramente especulativo», según el fiscal y destaca que sobre dos funcionarias dice que no sabían nada de forma directa.

Repasa la detención de otra funcionaria. En el atestado policial ya se reconocía que no había participado en ninguna mesa de contratación.

Recuerda Herranz: "La detención para obtener testimonios incriminatorios respecto a otras personas no es un supuesto legal ni razonable".

Explica Herranz el papel de Carrau y Subirán: "Por los decretos del fiscal jefe Anticorrupción que asigna la causa a Miguel Ángel Subirán, que fue quien intervino salvo muy pocas excepciones, tres informes oponiéndose a sobreseimientos con el argumento de no es el momento procesal oportuno y también estuvo en las declaraciones de la familia Gijón, nada más".

Habla de tres detenciones en concreto, tres funcionarias que solo fueron interrogadas y luego se les archivó la causa. Cita el chat Sancus. «Los mensajes se producen antes de que terminen las declaraciones», habla de que ya se pedía que no fueran imputadas antes de declarar. «Declararan lo que declararan ya se sabía que había que desimputarlas y se las detiene, ¿qué justifica el arresto?»

Recuerda que dos testigos dijeron que les comunicaron que sus detenciones eran «efectos colaterales» y que no se preocuparan. «Estaban detenidas, ese comentario es un sarcasmo».

Herranz recuerda: «La ley no obliga a detener a un sospechoso porque se le quiere oir». Dice que se trataron de detenciones arbitrarias.

El fiscal, sobre los funcionarios detenidos explica que en ese momento, los acusados ya tenían todo el expediente y que no era necesario detenerlos ya que estaban perfectamente localizados.

Insiste Herranz en que colocaron el listón de la verosimilitud de los testigos «muy bajo» y que eso ya es indicio de delito.

El fiscal alude al chat Sancus y de la búsqueda de la dimisión de Gijón.

«Sin reflexión y con celeridad» se llevan a cabo las detenciones. Señala que cuando se deciden ya sabían que el piso de Gijón no podía ser un soborno porque era de la familia desde hacía años.

"Esto literalmente lo dijo el testigo delante del juez Penalva. Causa asombro primero que esto se escribiera porque lo que tenía que haber hecho el juez era, vuelve y cuando tengas algo en concreto me lo traes. Esto no es nada, no hay ninguna fuente de prueba. Todo es un se especula, se cuenta, se dice", continúa Herranz.

"Queremos dejar claro desde el inicio que el concurso de la ORA careció de ninguna irregularidad, fue recurrido en Contencioso y el juzgado lo resolvió, fue investigado penalmente y la Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento libre. Ese sobreseimiento era porque no existía indicio alguno de delito".

Herranz afirma que Penalva abandonó sus deberes como juez y que actuó con «sesgos y prejuicios».

Arranca el informe del fiscal Herranz con una cita a Sócrates. «Cuando el fiscal gira la vista y ve a una persona que era juez, ve que cuando menos le falta lo de ponderar prudentemente y decidir imparcialmente porque no hacía ni lo uno ni lo otro».

El fiscal se defiende: «El ministerio fiscal entiende que el letrado Barinaga no le ha escuchado, porque si no, no se comprende».

Las acusaciones mantienen la petición de absolución. Solo realizan algunos retoques de sus conclusiones provisionales y denuncian una «vulneración flagrante de derechos fundamentales».

El abogado de Miguel Ángel Blanco considera «torticero» que las acusaciones mantengan esos mensajes que fueron excluidos por el tribunal.

Los mensajes que discuten las defensas tienen que ver con aluisiones a un periodista: «Pásale algo porque si no lo tiene mascado no saca nada».

«Implican que se ha incumplido la forma en la que se tiene que formular la acusación, la consecuencia es que les ha precluido la posibilidad de acusar sobre todo en torno a las revelaciones de secreto».

El abogado de Penalva y Subirán insiste en que los escritos de acusaciones «son incorrectos» y formula alegaciones sobre todos ellos.

Arranca la defensa de Penalva y Subirán. Plantea que la Fiscalía ha incumplido el auto inicial del auto del TSJIB porque incluye referencias al chat de wasap en torno a las revelaciones de secretos. «Deben suprimirse, entendemos que su escrito de conclusiones no es conforme a derecho y le ha precluido la posibilidad de acusar».

De imponerse a Penalva y Subirán las penas que reclama la Fiscalía tendrían que cumplir cada uno en prisión 24 años de cárcel en aplicación de la regla del triple de la mayor.

Para el policía Iván Bandera la petición de prisión es de 90 años.

Respecto al subinspector Miguel Ángel Blanco, la Fiscalía le acusa de seis delitos diferentes de obstrucción a la Justicia, además de las revelaciones de secretos y las detenciones ilegales. La petición de condena es de 100 años y seis meses.

Para la inspectora Blanca Ruiz, la Fiscalía añade una obstruccióna la Justicia, por lo que la petición para ella es de 88 años.

Al jefe del Grupo de Blanqueo, José Luis García Reguera, la Fiscalía le acusa de revelación de secretos y de 15 detenciones ilegales. La petición de prisión para él es de 85 años de ćarcel.

La petición para el exfiscal Miguel Ángel Subirán del Ministerio Público es casi idéntica a la de Penalva. Cambia solo la participación en los episodios de coacciones a imputados y testigos que se considera más grave en el caso de Subirán y se le acusa de dos delitos de este tipo agravado. Se le retira una inducción al falso testimonio y el fiscal le reclama 121 años de cárcel.

El fiscal acusa al juez Manuel Penalva de un delito continuado de revelación de secretos, por el que pide tres años de prisión. Quince detenciones ilegales en el 'caso ORA' y reclama por cada una de ellas cinco años y medios; cinco episodios de amenazas y obstrucción a la Justicia, por los que pide dos años y medio; incluye un sexto más grave por el que reclama cuatro. Por dos ingresos en prisión preventiva añade 16 años más. En total, 120 años de cárcel.

El tribunal hace un receso ahora hasta las diez y media para que las defensas examinen estas modificaciones antes de presentar sus conclusiones definitivas.

La última acusación en intervenir es el funcionario Pedro Torres, que se representa a sí mismo en este trámite. También modifica levemente las conclusiones provisionales. Esta parte acusa a Penalva y Subirán de un episodio en el que a Torres se le ofreció salir en libertad cuando estaba preventivo. La condición que le impuso Subirán fue hacer una declaración contra José María Rodríguez. Torres y su abogado declararon que accedieron a ello y que hicieron una declaración guiada por el entonces fiscal y que no correspondía con la realidad. Subirán apoyó que se le pusiera una fianza.

El abogado Gerard Palmer, representa al comisario de la Policía Local, Rafael Estarellas. Mantiene una acusación por revelación de secretos y por un episodio de amenazas: afirma que Penalva y Subirán le dijeron, tras ser detenido, que sería exculpado si declaraba contra Gijón y Rodríguez.

Turno para Enrique Molina, el abogado que representa a Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert. Su acusación inicial fue muy limitada por la Sala inicialmente. Hace referencia a esos hechos por los que no permitió acusar el tribunal para acudir al Supremo pero ciñe la acusación a revelaciones de secreto y un episodio de coacciones a Sbert.

La acusación de Gijón reclama como pena para cada uno de los acusados de 17 años de cárcel para todos los acusados, excepto para Blanca Ruiz, a la que solicita una condena más baja. Como responsabilidad civil solicita 1.525.000 euros como daño moral y 118.000 más para Gijón, además de 50.000 para cada uno de los padres del expolítico y 150.000 para su hermano.

El abogado de Álvaro Gijón y su familia también mantiene en lo esencial los cargos por detención ilegal de la familia del político. Modifica algunos aspectos técnicos de la calificación inicial en torno a las revelaciones de secretos. Insiste en que se produjeron tres delitos de detención ilegal.

De todas las cantidades que reclaman las acusaciones, además de Penalva, Subirán y los policías responde como responsable civil subsidiario el Estado.

La tercera de las acusaciones en intervenir, que representa al funcionario Juan Carlos Sastre mantiene la detención, retira la acusación por grupo criminal que formulaba de inicio y reclama una indemnización de 200.000 euros.

La acusación particular también reclama por el perjuicio que atribuye a la actuación de Penalva y Subirán. Lo cifra en 1,3 millones de euros y 200.000 euros más como daño moral.

Interviene ahora el abogado Salvador Perera, que representa al empresario Antoni Roig, también preso por el 'caso ORA'. También mantiene lo principal de su acusación: un delito de detención ilegal. Introduce algunas alternativas para esos delitos y solo elimina hechos que afectaban a otros detenidos.

Como responsabilidad civil, la representación del funcionario reclama más de 600.000 euros por la actuación de Penalva y Subirán.

La acusación de Femenía calificaciones alternativas. Pide dos años y medio para los acusados por presionarle en policía, dos años más por revelación de secretos.

Fiscalía también mantiene todas las revelaciones de secretos a pesar de que el tribunal anulara los wasap que las respaldaban. «Discrepamos de esa decisión, la acatamos». Lo conservan para un posible recurso posterior ante el Tribunal Supremo.

La acusación particular que representa al funcionario Miguel Femenía, detenido en el 'caso ORA', también mantiene lo principal de su acusación. Incluye la detención ilegal de éste.

La Fiscalía mantiene en esencia su calificación. No retira ningún delito de detención ilegal, los más graves por los que calificaba y que disparan la petición de prisión. Solo suprime tres de los episodios de obstrucción a la Justicia para algunos de los acusados. Por cada uno de estos pedía dos años y medio de prisión. En la práctica supone una pequeña reducción de la petición inicial contra Subirán y dos de los policías acusados. Penalva se quedaría igual.