Tomás Herranz, en la imagen, informó durante alrededor de tres horas en la sesión de esta mañana. El miércoles siguen las acusaciones particulares. | ALEX SEPULVEDA

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Toda la mano dura de la Fiscalía contra el juez Penalva y el exfiscal Subirán. El Ministerio Público oficializó en la sesión de hoy sus conclusiones definitivas: Reclama 122 años al antiguo fiscal; 120 al exjuez y penas por encima de los 85 años de prisión para los policías de Blanqueo. En su informe, Tomás Herranz, describió una instrucción prospectiva en la que se llevaron a cabo 15 detenciones para forzar delaciones y que no se sustentaba en ningún dato firme. «Les valía cualquier cosa. No había rigor, no había prudencia, no había ecuanimidad, no había nada de nada. Había inquina y un sesgo de confirmación y eso estaba voluntariamente en la mente de los acusados», dijo Herranz.

El fiscal centra su acusación en tres bloques. El principal son las quince detenciones ilegales del ‘caso ORA' y las dos órdenes de ingreso en prisión preventiva. Con menos petición de condena, le siguen las amenazas a testigos e imputados y, por último las revelaciones de secretos.

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Sobre la ORA: «Es un caso prospectivo desde su inicio». Su nacimiento está en la declaración de un testigo protegido que refería rumores. «Causa asombro que eso siquiera se escribiera en un papel. No es nada, no hay ninguna fuente de prueba. Todo es un se especula, se dice, se cuenta», dijo Herranz. Para el fiscal, las detenciones eran innecesarias. Además de, por la falta de indicios porque se trataba de personas que podían ser fácilmente citadas y los investigadores tenían desde hacía tiempo todo el expediente de la ORA. «La única motivación era que delataran a alguien», dijo.

Herranz centró sus críticas en Penalva y Subirán, a quienes responsabiliza de no supervisar los informes policiales y de no actuar como tenían encomendado por ley: «Como tenían la conciencia negra o bloqueada acordaron las detenciones».

Aludió al clima de tensión y las amenazas reiteradas a testigos e imputados. Repasó todas las personas que han declarado que sufrieron daños psicológicos tras pasar por esas declaraciones. El fiscal también reclama que la Sala valore los chats de wasap y enumeró varios de ellos. Insiste en que derivan de una entrega voluntaria del móvil por un policía.

El apunte

«¿Cómo cayeron en esta deriva? ¿Cómo es posible?»

Herranz finalizó su intervención con una pregunta: «Por qué un juez que gozaba de buena reputación, como un fiscal especializado y un grupo de policías cayeron en la deriva que he expuesto. ¿Cómo es posible?» Aludió a un sesgo de grupo en el que nadie cuestionaba las tesis del grupo. También mostró su sorpresa por el hecho de que Subirán fuera exculpado en la instrucción por problemas psicológicos visto que en el juicio se sabía la causa de memoria y pidió que se dedujera testimonio por mentir en el juicio a una funcionaria del juzgado de Instrucción 12.