Las acusaciones contra Penalva y Subirán

Acaba la sesión. Mañana seguirán las defensas.

«El chat Sancus es la mayor ignominia que ha visto este letrado. Es horripilante. Los acusados han matado familias y reputaciones. Civilmente han causado la muerte de muchas personas».

También acusa a Blanca Ruiz e Iván Bandera por un delito de prevaricación por ocultar una declaración. «La voluntad prospectiva de los acusados en la detención de sus objetivos se traduce en que noticias de carácter exculpatorio no se llevaban a la causa».

A partir de la declaración de Torres, señala Portalo, se produjo la imputación de José María Rodríguez en el 'caso Policías' y se le impusieron medidas cautelares, una orden de alejamiento de cualquier sede municipal.

Esta acusación incluye contra Subirán otro episodio de obstrucción a la Justicia. Pedro Torres fue excarcelado en 2016 cuando estaba preventivo para declarar. En ese trámite salió el nombre de Rodríguez. Según su abogado y el propio Torres, Subirán le ofreció salir en libertad bajo fianza si ampliaba la declaración en contra del político popular, algo que ocurrió en una comparecencia que dicen, fue guiada por el fiscal ahora acusado.

Portalo comienza por una revelación de secretos en torno a una declaración de Torres en la que fue fotografiado cuando era conducido esposado a los juzgados de Via Alemania.

Tras el receso es el turno del abogado Carlos Portalo, que representa al funcionario municipal Pedro Torres.

El tribunal suspende cinco minutos. Es la primera interrupción tras cinco horas y media de informes.

«Se le dijo 'usted sabrá' cuando no quiso mentir y las consecuencias fueron objetivas». Estarellas estuvo imputado en cuatro causas. Dos con archivo libre y otras dos absoluciones.

Palmer recuerda un episodio al que aludió Subirán, quien acusó a Estarellas de «mirarle mal» en una declaración en 2013. «Ahí le marcó con una cruz y comenzó su via crucis judicial», dice el abogado.

El otro delito por el que acusa esta parte es por un episodio de coacciones a Estarellas. Denunció que Penalva y Subirán le ofrecieron ser exculpado de la causa si declaraba contra Rodríguez y Gijón.

Apunta a que un oficio policial fue filtrado antes de que se entregara al juzgado, por lo que culpa a los acusados de la misma. «Blanco y en botella».

El informe arranca con los cargos por revelación de secretos en torno a una causa por supuesto espionaje en la Policía Local.

Inicia ahora su intervención el abogado Gerard Palmer, en representación del comisario de la Policía Loca, Rafael Estarellas.

"No es necesario mucho más que la información solo la tenían estos seis y que no han tomado ningún tipo de medida para investigar lo que estaba sucediendo", señala en torno a la revelación de secretos.

Alude a la entrega del móvil de Blanca Ruiz que también señala que fue voluntario y que luego se volcó ante su abogado.

«Había numerosísimos indicios contra el señor Bandera, si no lo detuvieron antes fue por un compañerismo malentendido que nos ha llevado a esto».

Zabala argumenta que la detención de Iván Bandera era «inevitable» y que la entrega del móvil fue voluntaria.

Zabala insiste en los límites del secreto profesional y la validez o no de los chats de wasap.

Zabala ataca el auto de cuestiones previas. "El auto de cuestiones previas parte de extremos erróneos y esos son los que nos van a llevar a que nos tengamos que volver a ver".

Interviene el letrado Zabala en representación de un extrabajador de Cursach, Antonio Bergas. Conocido en los chats como 'El Pollas'. «Parecían el juez y el fiscal Mortadelo y Filemón. Sería una anécdota si no se hubiera acreditado lo que se ha visto en este plenario».

Molina lee una sentencia del TSJIB, que firman dos de los miembros del tribunal que resuelve lo contrario a lo que hizo la Sala este lunes en torno a la introducción de declaraciones de los acusados en fase de instrucción en el juicio.

Dice Molina: "Cuando este letrado intervino le preguntó al señor Penalva y al señor Subirán. Ambos me contestaron y el resto decidieron dejar de contestar. Les pregunté por sus declaraciones en instrucción y las preguntas fueron idénticas. Introdujimos esas declaraciones y la Sala las podrá valorar".

Molina repasa los wasap cruzados durante el arresto de Sbert y Cursach. En ellos hablaban de presionar a Sbert para que hiciera una declaración contra Cursach y Rodríguez.

El otro hecho por el que acusa Molina es el incidente entre Miguel Ángel Blanco y Sbert. El segundo declaró le amenazó con ir a la cárcel cinco veces si no delataba a José María Rodríguez.

Molina se centra en la primera revelación de secreto investigada en la causa.

Molina señala la hostilidad que se vivía en torno a Cursach y lo relaciona con la filtración de noticias. «Era esa la finalidad». Pone como ejemplo el clima en los recursos que planteaba ante la Audiencia.

Molina se queja por la imposibilidad de intervenir en el juicio por el auto de cuestiones previas. «Ójala este juicio no se tenga que repetir».

Arranca Enrique Molina, abogado de Cursach y Sbert. Habla del estigma que han sufrido durante la instrucción por ser los «abogados de la mafia». También recuerda que la denuncia original es de ellos: "Ese estigma se ha venido sufriendo desde que arrancó este proceso que se inicia por una denuncia nuestra en el 2018. No teníamos intención de denunciar una filtración más porque hasta ese momento habían caído en saco roto. Nadie hacía nada".

Concluye Rusca: "Para mí es solo por soberbia. Teníamos un juez con ínfulas de ser un Castro, un fiscal con pretensiones de ser un Horrach y unos policías que se creían intocables. Querían ser las estrellas de Palma y espero que terminen siendo los estrellados".

Rusca señala que basa la acusación en los tesigos que han declarado en el juicio. "Solo abundan en la prueba".

También acusa a Penalva por prevaricación al dictar el auto de entrada y registro en el domicilio de los padres y el hermano de Gijón.

"A estos pobres señores, los padres y el hermano, los detienen con escarnio público. Son las víctimas, daños colaterales."

Rusca sostiene que las supuestas operaciones que justificaban, según Penalva, las detenciones de la familia no responden a la lógica de un posible blanqueo y que no existía ningún indicio razonable para los arrestos.

"Es de sentido común. El responsable de la mordida es el señor Roig que paga 1, 5 millones más un piso. Es más elevada la mordida que los beneficios que puede obtener el señor Roig por el concurso. Es absurdo a todas luces y consta en la causa. El piso además estaba hipotecado. La pregunta del millón, ¿dónde está el dinero, dónde se ha ido? No lo hay".

Ahora aborda las detenciones de la familia. «No me puedo inventar un delito», en este caso un supuesto blanqueo.

Rusca: "Buscaban la muerte civil, la muerte política y la muerte profesional del señor Gijón y eso lo consiguieron."

"Querían coaccionar al señor Gijón, para ver si se ablanda y dimite", insiste Rusca.

"Si tienes una denuncia: el señor Gijón y el señor Rodríguez se han cepillado 700.000 euros cada uno, que menos que tomarle declaración. No lo hicieron porque no era una presa útil. Toda la finalidad era el acoso al señor Gijón para romperlo".

"El secreto se dicta por un motivo: para causar indefensión, que no se puedan defender. Esto es una máquina de fabricar testigos protegidos para evitar que las defensas pudieran actuar".

Sigue Rusca: "Les interesa lanzar porquería al señor Gijón, con la intención de causarle un perjuicio: que dimita y poderle detener. Esto es lo que buscaban. Qué daño le hicieron".

"Todo el mundo relataba que tenía miedo a un fiscal. El jefe superior de Policía, un armario, dice que tiene miedo al señor Subirán. ¿Cómo se podía permitir que esto siguiera en la justicia de este país? Y que se permita amenazar que tiene cosas grabadas y encima la estupidez enorme de aportarlas en la causa".

Rusca explica por qué acusa por un delito contra la integridad moral de Gijón. «Era la pieza de caza mayor».

Señala que también existen los wasap que la madame cruzó con Penalva y que la propia testigo pidió disculpas a Gijón en el juicio. «No hace falta, de todas formas ir al chat para acreditar que esto fue un complot judeomasónico contra el señor Gijón».

También defiende la detención de Iván Bandera. Recuerda que eran sospechosos tras la publicación de la foto de un carrito con el que trasladaron un informe económico.

Rusca inicia su intervención hablando del teléfono de la inspectora Blanca Ruiz, cuya cadena de custodia cuestionaban las defensas. Sostiene que la intervención del móvil fue legal y que su contenido es fiable. En él afloraron de nuevo los chats y, a diferencia del primer hallazgo en el terminal de Iván Bandera, aquí se pudo identificar el autor de cada mensaje.

Toma la palabra el abogado Oriol Rusca, que representa a Álvaro Gijón y su familia.

El funcionario reclama como indemnización 200.000 euros.

«Fue guiado en su declaración judicial para que incriminara a otros funcionarios en aspectos que no eran cierto. Se plasmaba lo que relataba el fiscal, no lo que decía mi representado».

Sastre dijo que, al comenzar a declarar, Subirán le recordó que era su cumpleaños: «Un mal día para cumplir años». El abogado señala que la intención del fiscal era atemorizarle.

Esta acusación también culpa de coacciones por su estancia en los calabozos. «Estuvo dos días incomunicado a pesar de que pidió trece veces un abogado y declarar».

Señala que solo después del levantamiento del secreto accedieron al informe de Blanco y supieron del «cúmulo de falsedades y desconocimiento de la contratación pública» que contenía.

En el caso de Sastre, tras su detención y su pase a disposición, sí hizo una declaración que, según dijo, fue inducida por Subirán para poder quedar en libertad. Acusa por detención ilegal y por las presiones sufridas.

«Los acusados se guiaban por un derecho penal del enemigo que suspende las garantías de los investigados».

Después de Perera interviene el abogado de Juan Carlos Sastre, otro funcionario municipal que fue detenido en el 'caso ORA'.

La defensa de Roig se detiene en la reclamación de una indemnización al empresario y a su empresa.

Antes del segundo ingreso en prisión de Roig hubo otro wasap: «Que cague caldo».

Recuerda un wasap de Penalva a Miguel Ángel Blanco tras la segunda detención de Roig, que se produjo por el 'caso ORA': «Aprieta a Roig».

También el mismo recado le llegó a la mujer de Roig cuando fue a renovar el DNI en la Policía Nacional.

Roig también recibió en prisión un papel con el teléfono del subinspector Miguel Ángel Blanco con su teléfono. Según declaró en el juicio, el policía que se lo dio en la cárcel le dijo: «Puede ser la última llamada que hagas en prisión».

Añade: "Así se las gastaban los acusados. En ese clima de miedo y de indefensión todavía las defensas se preguntan por qué los abogados no protestábamos. Nos estábamos jugando la prisión de nuestros clientes".

Perera alude a lo ocurrido en el pase a disposición de Roig, 81 horas después de su detención: "Penalva le dice que no le estaba ayudando y que saliera fuera con su abogado por si tuviera algo más que añadir. Salimos fuera del despacho y Roig me dijo: '¿Qué quieres que haga, que mienta?'. Roig le dijo a Penalva: «¿De verdad me vas a enviar a prisión?». «No me estás ayudando». No tenían nada".

Sobre el paso de su representado por los calabozos, Perera recuerda: "Miguel Ángel Blanco le saca en varias ocasiones del calabozo sin presencia letrada. Se ha querido dar una imagen de buen rollo en ese momento. No nos engañemos. Era un detenido y un agente de la policía con un objetivo muy claro. Normalizaban lo que no era normal. Era una situación totalmente irregular, pero como eran los intocables hacían lo que querían solo con ese objetivo, que el señor Roig cantar".

Perera recuerda que Penalva empleó a un amigo suyo de la infancia, pariente de la mujer de Roig, para tantear a este para que confesara y declarara ante él contra Gijón.

Perera: "Los acusados daban credibilidad a testigos del mismo perfil, la madame, Daniel Corral, 'El Ico'. Mismo perfil que el 19 y mismo modus operandi: testigo protegido, secreto de sumario y a inventarse el relato".

Perera explica: "Solo tenían un fin: conseguir delaciones y que el señor Roig incriminara a Rodríguez y Gijón. El señor Roig tuvo la mala suerte de ser amigo de Gijón y por eso se convirtió en la pieza a batir".

Inicia su intervención el letrado Salvador Perera, que representa al otro preso del 'caso ORA', el empresario Antoni Roig.

Aragón plantea que Penalva validó los chats en el juicio al declarar sobre ellos cuando fue interrogado. Señala que el propio Subirán ya dijo en su declaración que no iba a responder sobre ellos y que «creo que Manolo ha caído».

Habla de la entrega del móvil del policía Iván Bandera: "Lo que hubo fue un error de pronóstico. Cuando entrega el móvil voluntariamente lo hace porque ha borrado el chat Sancus".

Sobre el ingreso en la cárcel de Femenía dice su abogado: "Era un castigo por no haber cedido. Seguía sin haber indicios solventes, seguía sin haber riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. El auto era una mera apariencia. Mensaje de Penalva en un chat: «Si podemos involucrarlos en otro concurso puedo justificar más fácilmente una prisión preventiva» y luego dice el señor Subirán «poc a poc».

Aragón: "El señor Subirán daba miedo. Daba miedo al investigado y daba miedo al abogado. Aquí ha habido declaraciones desgarradoras, gente devastada. Vejaba y humillaba. Al abogado, se veía en una situación difícil. Uno puede reaccionar como le pide el cuerpo pero eso no favorecía al cliente al que se estaba diciendo que se iba a ir a prisión. La autoestima quedaba tocada pero, en interés del cliente uno optaba por lo que optaba. Otros, como el señor Piña, montaban un pollo y se fue a protestar al jefe de la Fiscalía".

"La presión es la atemorización que se provoca en una persona que, sin presencia letrada, se le enseñan tres columnas en un papel: imputados, testigos, detenidos. Se le dice que no hace falta decir la verdad sino acusar a Gijón. Esto da miedo, señoría, sobre todo si eres inocente".

Aragón explica los motivos para acusar por torturas: «Nadie podrá decir que no se atemorizó al señor Femenía. El resultado era, o confesión o psiquiatra».

Explica que extiende la acusación a todos: "¿Autores de este delito? Todos, porque los chats así lo prueban: «Ánimo a por ellos, duro y a la cabeza». «Vamos, equipo».

"Estamos antes una detención sin causa legal. Lo relevante es la arbitrariedad y el abuso de poder. Utilizaron el cargo para poder detener", añade Aragón para explicar por qué acusa de un delito de detención ilegal más grave.

Recuerda Aragón que, antes de que arrancara el caso ya había una sentencia de Contencioso que manifestaba que el concurso de la ORA era legal. «Todo eso fue deliberadamente ignorado por el juez, el fiscal y el Grupo de Blanqueo pero daba cobertura».

«Lo tenían delante de sus ojos y si no lo tenían, haber preguntado, pero no declarar una causa secreta y ordenar detenciones».

Apunta a otros indicios sobre el procedimiento administrativo que manejaron Penalva y Subirán y que también eran erróneos y que no se contrastaron antes de las detenciones.

Aragón continúa con los indicios iniciales que manejaban los acusados en el 'caso ORA'. En primer lugar la declaración del testigo protegido: "Declaración que no viene corroborada por datos periféricos. Esto había que cogerlo con pies de plomo, no había que detener a nadie. Llegamos al informe del señor Blanco en octubre. El primer indicio que señala es el precio del contrato. En realidad el contrato anterior era de 31 millones, no de 18. Eso lo debía saber la investigación desde el primer momento porque la concejal había aportado esa documentación ya. Se veía desde el minuto uno en los documentos y en las actas de la junta de contratación".

"¿Si eran tan claros los inicios por qué había que presionar y ablandar? ¿Es que nadie dudó, nadie leyó nada?", dice Aragón. Señala que el testigo 19 estaba despechado con el PP tras ser expulsado por una agresión a policías locales y haber acudido a Rodríguez para pedirle ayuda y ser rechazado.

Sobre los indicios que manejaban para las detenciones: "A lo sumo justificarían el inicio de una investigación. El informe de Blanqueo y el testigo protegido 19 le daban cobertura a esa instrumentalización del proceso. No me puedo creer que el señor Penalva pensara que le daba para meter a gente en prisión. «Ya me va bien».

Alude a las fichas policiales que hizo el Grupo de Blanqueo. En el caso de su representado, señala que consta que el objetivo era «vender a Vallejo», por el antiguo concejal de Mobilitat. «Que la finalidad era doblegar estaba claro. Lo primero que se les decía era que si colaboraban pasaban a testigo».

Aborda las detenciones de doce funcionarios municipales en el 'caso ORA': "No era la finalidad asegurar la prueba ni que acudieran a presencia judicial. Ya tenían el expediente completo de la ORA y todos los detenidos tenían arraigo".

Aragón señala que había una forma de actuar común por los acusados: "Se priva de libertad de forma arbitraria, se detiene y se ingresa en prisión y a partir de ahí, se presiona para conseguir la clara finalidad de doblegar al investigado para que se ablande, torcer su voluntad y favorecer la tesis incriminatoria. Este hilo une todas las conductas".

Señala Aragón: "A pesar de todo, policías han investigado a policías, fiscales han acusado a fiscales y jueces están juzgado a jueces. Sí creo en el sistema porque hemos llegado hasta aquí".

Arranca su informe el abogado Ángel Aragón, que representa al funcionaro municipal Miguel Femenía, en prisión preventiva por el 'caso ORA'. Inicia su informe reivindicando que los denunciantes son víctimas: "Los que están aquí son víctimas porque no ha sido fácil separarse del prejuicio con el que han tenido que vivir desde que fueron detenidos. En una huella que persiste".