Última sesión del juicio a Penalva y Subirán

Iván Bandera no usa el turno. El juicio queda visto para sentencia.

«Estoy aquí por escribir un chat de wasap. Le doy un consejo, salgan de los chats, es muy peligroso».

«Se nos ha intentado denigrar, menospreciar. Poco menos que éramos unos chalados que pasamos por ahí. En mi caso, mis superiores lo tenían muy fácil, bastaba con no haberme puesto de manera forzosa en ese grupo y se lo hubiera agradecido».

Ahora habla el jefe de Blanqueo, José Luis García Reguera. «Jamás se me había abierto un expediente»

«Me pusieron de rodillas y me escupieron, me han abordado en la plaza del Tubo. Tengo estrés post traumático pero no soy subnormal. Todo esto es vivencial, pero esto no lo investigan».

Continúa igual Subirán: «¿Por qué miente?»

Subirán sigue: «Si no estaba el señor Carrau presente, cada diligencia que practicábamos en el juzgado, incluso las de trámite, se las rebotábamos al correo electrónico profesional. No hubo ni una sola apelación salvo una que no fuera el señor Carrau. Era diario».

«Me han jodido, me han destruido. Cuando acabe el último de hablar, firme propósito de ir con la cabeza alta. Irregularidades, ninguna, delitos, ninguno».

Afirma que Carrau era su jefe «y como tal cobraba y eso es lo que lo demuestra».

Subirán dice: «Esto es un montaje de mentiras» y carga contra el exconcejal Joan Ferrer. «Creo que alguien le ha tocado».

«Pienso que hemos podido errar en muchas cosas, pero no hasta el punto de cometer delitos», dice Subirán.

«¿Dónde está este señor? ¿Dónde estaba ayer? No tenía nada mejor que hacer. Nos ha destrozado, el alma nos ha destrozado. Nosotros somos los apestados y no hemos abierto la boca. Por lo menos por ahora. Ha sido un bombardeo total y absoluto».

«Es por esta incapacidad que nos ha llevado a una jubilación. Jubilados y tocados del ala por este padecimiento. Estrés agudo, postraumático e irreversible. Una gotera importante. De qué manera se concilia esto, con los sicarios. Conciliar el sueño es insoportable».

«Estoy condenado a vivir con miedo». Habla de sicarios y amenazas.

Insiste en que había pruebas. «Hemos sufrido mucho».

«El señor Orta, en esas conversaciones que teníamos también hablábamos de política, sabe que yo soy votante del PP. Es ridículo».

«Si ustedes consideran que he hecho algo injusto, lo aceptaré, pero lo que es absolutamente falso, está en su mano creerme, es que no he amenazado ni coaccionado a nadie. Ni siquiera he falto al respeto conscientemente, a nadie. Lo que no puede ser es que todo lo que se hizo estuviera mal. Siempre hemos buscado la verdad».

«No vivo cómodo en el conflicto. Lo que no es cierto, no es verdad, que el juzgado de Instrucción se convirtiera en una sala medieval de torturas. Hubo muchísimas actuaciones de letrados que fueron absolutamente inaceptables, que tuve que tolerar para no elevar el nivel de tensión».

«Lo que no comprendo es que haya letrados que intenten comprar a testigos para decir que el juez y el fiscal falsean declaraciones y mienten».

«El señor Sbert dijo una cosa, la única que es cierta. Esta es una causa de perdedores. Posiblemente cada uno de nosotros tengamos nuestra cuota de culpa».

«Se ha querido vender que era una investigación contra toda la Policía Local. No es verdad, en la policía local hay grandes profesionales, incluso he tenido dos vivencias personales que, independientemente de la percepción que yo tuviera fueron correctos y escrupulosos».

«Hace unos seis años vengo soportando callado y en silencio, sin decir nada, todo tipo de injurias, calumnias, descalificaciones, una persecución mediática tremenda».

Arranca el turno de última palabra.

«La responsabilidad civil es una tómbola, tom, tom tómbola», dice Ripoll que cita a Marisol.

Rechaza que haya que indemnizar a Gijón por no seguir en política ante lo «volátil» que es.

«No tienen nada que ver las noticias con los delitos aquí causados», dice Ripoll sobre la reclamación de Álvaro Gijón.

Señala Ripoll, que la marcha de la empresa Roig tras la detención ha sido bueno, por lo que la indeminización que reclama sería un «enriquecimiento injusto».

«Se pasa muy mal estando en un calabozo, estando detenido, estando en un procedimiento judicial, pero justifíquemelo». Rechaza Ripoll los importes reclamados.

Discute Ripoll las indemnizaciones que reclama cada una de las acusaciones particulares, que llegan a superar el millón de euros. Valora que, en caso de privación de libertad por una prisión preventiva se indemniza a una cantidad diaria.

Ripoll discute las cuantías que reclama cada una de las acusaciones.

Ripoll señala que el daño moral no se dirige a reconfortar a la víctima de forma total. «No va a desaparecer con la indemnización, es un alivio».

Dolores Ripoll añade que el objeto de la responsabilidad civil es «reparar, no enriquecer» y considera que no hay justificación alguna a esas cantidades.

«Hice la suma, son 5.645.954 euros» lo que se reclama al Estado por parte de todas las acusaciones.

Se retoma la sesión con el informe de la Abogacía del Estado como responsable civil subsidiario de la actuación de los acusados. Es la última parte que tendrá que informar.

Ha terminado el abogado de Bandera. Solo quedaría la Abogacía del Estado y el turno de última palabra. La abogada del Estado calcula una hora para su informe. Se suspende hasta las 16.15.

«El problema de tener como acusación a personas que han estado detenidas es que intoxican el jucio porque pretenden utilizarlo para limpiar su nombre».

«Las detenciones fueron correctísimas», añade, además de mantener que Bandera no decidió sobre ellas.

Dice que Bandera tuvo una participación «nula» en la investigación del 'caso ORA'.

Ataca la entrega del móvil de Iván Bandera en lo que llama «intimidación ambiental».

El letrado dice: «Se ha alargado tanto la discusión que hemos terminado hablando de nazis». Critica a los mandos policiales que han declarado. «Vienen a cubrirse las espaldas ante la caída en desgracia de los acusados».

Inicia su intervención el abogado defensor del policía Iván Bandera.

El tribunal hace un receso.

Herranz interviene por la alusión: "Dice que fue citada Blanca como una trampa. Dejar constancia que el escrito de calificación y propuesta de prueba fue realizado por Miguel Ángel Subirán. Ninguna trampa se puede achacar a este fiscal".

«Palma se merece funcionarios como ustedes. España se merece funcionarios como ustedes».

Fuster-Fabra dice que la citación de Blanca Ruiz en el juicio del 'caso Cursach' fue una trampa del fiscal. Terminó con una deducción de testimonio porque, durante dos días, dijo no recordar nada sobre los informes que había redactado.

Defiende que Blanca Ruiz no ocultó la declaración de un tal 'Luis El Gallego' cuya identidad no quedó nada clara cuando compareció en el juicio.

Fuster-Fabra niega que Blanca Ruiz presionara a la mujer de Antoni Roig cuando fue a renovar el DNI. Dice que no hay prueba al respecto y que solo bajó junto a Iván Bandera por si necesitaba algo.

«La contaminación viene por el chat y a partir de la testigo protegida 31 y Blanca Ruiz ya no estaba ahí».

«Doña Blanca Ruiz no hizo nada». Fuster-Fabra justifica que apenas tuvo participación en el 'caso ORA' y que no intervino en las diligencias.

Fuster-Fabra insiste en que había otros cuerpos al tanto de operaciones. Pone como ejemplo la participación en las fases iniciales de la causa de la Guardia Civil. «Ellos, condecorados, nosotros, acusados».

Fuster-Fabra: «Misógina, machista y cargada de un odio visceral», dice de la declaración de un inspector.

«Aquí están supuestamente todos los que son, pero faltan muchos más porque no está todo el Grupo de Blanqueo».

La defensa alude a que Blanca Ruiz se marchó de Mallorca en marzo de 2017 y que, por tanto, no pudo cometer ningún delito de filtraciones.

Fuster-Fabra insiste en la cadena de custodia del móvil de la subinspectora. «Es una aberración jurídica».

Fuster-Fabra cuestiona la cadena de custodia del móvil de Blanca Ruiz y pide que se anule la prueba.

«Nos jugamos 97 años de prisión. Esto no es nada personal. Es trabajo».

Ahora es el turno del abogado de Blanca Ruiz, Juan Ignacio Fuster-Fabra.

«Pueden utilizar todos los calificativos que tengan por conveniente, pero no nos podrán achacar mala fé, mala hostia y arbitrariedad», concluye Horrach.

Añade: «¿Cómo vamos a otorgar credibilidad a una persona que ha afirmado tan rotundamente que se ha producido cuando es imposible?»

Dice Horrach que «hay testigos» del episodio de Sbert y apunta a la coacusada Blanca Ruiz y al jefe de la Unidad de Traslados de la Policía Nacional.

Aborda ahora el episodio que relata Bartolomé Sbert, quien manifiesta que Blanco le amenazó: «Si no me das a Rodríguez y Gijón pasarás cinco meses en prisión». Ese episodio, Sbert lo situó en la policía y más tarde, dijo que se repitió en los calabozos de Via Alemania. Existe una contradicción con el momento en que se produjo en los tres días de arresto y Horrach dice que eso invalida esa acusación.

«¿Había prueba de que el piso fuera regalo del señor Roig? No», dice Horrach: «Fue la confianza ciega y absurda en el testigo protegido 19. Los investigadores estaban convencidos».

«Tuvieron mala suerte de ocupar cargos en las sociedades que la investigación creía que participaban en el blanqueo», dice sobre los padres de Gijón.

«Las investigaciones (de Blanco) fueron validadas por la Fiscalía y el juzgado de Instrucción», añade Horrach. Pone como ejemplo que se le impusieron a Teófilo Gijón medidas cautelares en base a sus informes.

«Recuerdo que estamos en un proceso penal, donde las suspicacias y las sospechas estaban a flor de piel». Alude también a las circunstancias de la investigación del 'caso Cursach': «Un ambiente difícil, enrarecido, donde el juez y el fiscal se sentían acosados continuamente. Donde también los investigados se sentían así. En ese ambiente todo era una sospecha, pero desde las dos partes».

«Es cierto que tendría que haberse indagado más», dice Horrach.

Afirma que las detenciones eran razonables y que había operaciones «aparentemente ficticias».

Horrach alude al cambio de titularidad en la luz y el gas de la vivienda al inicio de la investigación del 'caso ORA'. «Lógicamente podían inferir los investigadores que lo había hecho para ocultar».

"Se realizan actuaciones por parte de Gijón y familiares que alimentan las sospechas de los investigadores al negar de forma pública la propiedad del piso. Se había ocultado, no deliberadamente la propiedad del piso en nueve actuaciones diferentes. A efectos policiales estas nueve negativas pueden alimentar una sospecha".

«Fueron hechos propios de Álvaro Gijón los que reforzaron las sospechas respecto a sus familiares».

«La finalidad de la detención de los padres del señor Gijón no fue intimidarle sino el cumplimiento estricto de la legalidad», dice Horrach.

Insiste en que la investigación del 'caso ORA' fue un encargo judicial a su representado. También intenta hacer una distinción entre lo que se sabe ahora y lo que se sabía cuando se produjeron las detenciones de la familia de Álvaro Gijón.

Admite Horrach, como hizo su representado, que Blanco hizo llegar su teléfono a Roig cuando estaba en prisión. «¿Qué delito es?»

«Cierto que pudo extralimitarse al hablar a solas con el detenido, pero desde un punto de vista administrativo, no penal. Esto no constituye delito alguno», añade.

Horrach señala que el relato de Roig no concuerda con las fichas de custodia policiales y que Blanco solo le sacó dos veces de los calabozos.

Horrach también niega el episodio que relató el detenido Miguel Femenía, que dijo que, una vez detenido Blanco le enseñó un folio con tres columnas: Detenido, imputado y testigo y que podía pasar de uno a otro según lo que declarara. También alude a Toni Roig: «Dice que el señor Blanco le sacó de calabozos para invitarle a un café y a un cigarrillo, esta es la gran tortura a la que le sometió».

«¿Es violencia o intimidación decir 'tú a prisión y ellos a las Bahamas' o es una exhortación normal a un investigado para que colabore? En esa situación se tiende a magnificar lo que ocurre», añade Horrach.

Sobre la supuesta advertencia a otro imputado: «Gijón estará en las Bahamas y tú estarás diez años en la cárcel», Horrach cuestiona la verosimilitud del episodio.

Sobre uno de los episodios sostiene Horrach que las frases que relata el testigo que le dijeron son «inocuas».

Horrach aborda ahora las acusaciones por coacciones. Varios testigos apuntaron a que Blanco les amenazó o intimidó para que declararan en determinado sentido.

La sesión arranca con el abogado Pedro Horrach, en defensa del subinspector Miguel Ángel Blanco. Insiste en que las detenciones del 'caso ORA' fueron tan legales como la de su representado. «Tiene arraigo, lazos familiares y no tiene riesgo de reincidir». «Según las tesis del fiscal en este juicio, el 95 por ciento de las detenciones que se producen en este país son ilegales».