El TSJIB desvela este miércoles la sentencia de Penalva y Subirán

Después de 33 sesiones de juicio, el Ministerio Público y las acusaciones particulares mantuvieron lo esencial de los cargos: el juez y el fiscal ordenaron detenciones y prisiones preventivas para conseguir delaciones y declaraciones que confirmaran sus tesis de investigación. Enfrente, las defensas se oponen de forma frontal. Sostienen tanto la nulidad de buena parte de las pruebas, en especial las conversaciones de wasap del grupo que mantenían los acusados y dicen ser víctimas de una conjura. En las sesiones fueron especialmente tensas las relaciones entre los acusados y la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusaron de haber manipulado el 'caso Cursach' para conseguir condenar a Penalva y Subirán.

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Anticorrupción sostiene que el 'caso ORA' se abrió sin indicios suficientes y que, de forma conjunta, los acusados ignoraron datos que desmontaban sus sospechas y procedieron a detener a once funcionarios, políticos y empresarios para conseguir que estos se delatasen entre sí. El paso siguiente fue la orden de ingreso en prisión de un empresario y el resposable de Mobilitat de Cort. «Les valía cualquier cosa. No había rigor, no había prudencia, no había ecuanimidad, no había nada de nada. Había inquina y un sesgo de confirmación y eso estaba voluntariamente en la mente de los acusados», concluyó el fiscal, Tomás Herranz. En una segunda fase de la operación, los detenidos fueron los padres y el hermano del entonces diputado del Partido Popular, Álvaro Gijón. Los episodios de coacciones incluyen ofrecer quedar en libertad a otro funcionario a cambio de que incriminara a Gijón, otro de amenazas al antiguo 'número dos' de Cursach, Bartolomé Sbert y así media docena de episodios diferentes.

El tribunal lo han formado el magistrado Antoni Capó, presidente, que además se jubila esta semana; Diego Gómez-Reino, que ha sido ponente de la sentencia y Felisa Vidal.