Penalva y Subirán han asistido a todas las sesiones del juicio en su contra. | Alejandro Sepúlveda

TW
8

Treinta y tres sesiones le ha llevado al tribunal poner el visto para sentencia del juicio al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán. En los últimos años es la segunda vez en el que el TSJIB tiene en el banquillo a un juez, tras la absolución de Miguel Florit en el ‘caso Móviles'. Los dos procesos vienen del mismo sitio, el descalabro de las causas que se iniciaron en 2014 en el juzgado de Instrucción 12, en las que decenas de personas fueron investigadas y pasaron por prisión en los casos ORA, Cursach y en torno a la Policía Local. Los tres magistrados tienen encima de la mesa peticiones de prisión de más de 120 años para Penalva y Subirán, por instruir «desde la inquina», sin pruebas y a base de presiones y amenazas. Los acusados denuncian ser víctimas de un complot monumental: jueces, policías, testigos. Todos en su contra para «vaciar de contenido» el ‘caso Cursach'.

Los wasap

La sentencia será una u otra con wasap o sin ellos. El ‘chat Sancus' sentó en el banquillo al juez y al fiscal. Mensajes como «duro y a la cabeza», «hay que machacarlo» o «que cague caldo» son los que ponen en cuestión por qué se llevaban a cabo las detenciones. La primera cuestión que tendrá que decidir la sentencia es si valen o no. La Policía Nacional se los encontró en el móvil del agente Iván Bandera cuando este fue arrestado. El tribunal ya dejó claro en las cuestiones previas que es una prueba en el alambre. Antes de ese arresto se accedió a los listados de llamadas de tres periodistas y la Sala entiende que ese hecho los invalida por vulnerar el secreto profesional y la libertad de expresión. En el mismo auto dejaba abierta la puerta a que puedan ser usados para probar las detenciones ilegales si fueron un hallazgo casual.

Noticias relacionadas

Detenciones ilegales
El delito que podría llevar décadas a la cárcel a Penalva y Subirán son las 15 detenciones ilegales del ‘caso ORA'. La Fiscalía les reclama hasta ocho años por cada una y sostiene que solo tenían una finalidad: presionar y forzar delaciones. El caso salió de la declaración de un testigo protegido que habló de rumores y cuya declaración en el juicio fue un absurdo. A partir de ahí se plasmaron una serie de sospechas poco sólidas. Las acusaciones sostienen que era muy fácil aclararlas. El tribunal debe decidir si bastan o no para justificar esos arrestos. En ese paquete va también la familia de Álvaro Gijón y dos ingresos en prisión preventiva. «Era la pieza a abatir», denunció el expolítico en el juicio. «Una cacería al PP», dijo José María Rodríguez.

Amenazas y coacciones
Además de las detenciones ilegales, la Fiscalía y las acusaciones apuntan a una serie de episodios de coacciones, declaraciones adulteradas en las que Subirán apuntaba lo que quería y advertencias: «Según lo que declares puedes ir al calabozo», dijo un testigo, funcionario municipal. Sbert insistió en que un policía le dijo que pasaría cinco meses en prisión si no delataba a Rodríguez. El funcionario Pedro Torres dijo que salió en libertad por declarar contra el mismo político en una declaración falsa. Estos episodios son los que menos dependen de los wasaps después de que todos los testigos los confirmaran en el juicio y fueran respaldados por los abogados que lo vivieron en aquella instrucción. Las defensas alegan que son mentira. «El juzgado de Instrucción no era una sala de torturas», alega Penalva.

Revelaciones de secreto
Las acusaciones sostienen que, para aumentar la presión contra los detenidos, Penalva y Subirán facilitaban información a periodistas de forma sistemática e ignoraron de forma deliberada su obligación de perseguir este delito. El TSJIB ya ha señalado que, para demostrar este delito, que hizo que arrancaran las investigaciones, no valen los wasaps.