Operación practicada por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. | A. Sepúlveda

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El Consell de Mallorca, tras el anuncio cuando se conoció la noticia, ya se ha personado como acusación particular en la presunta estafa que llevaron a cabo cuatro personas, entre ellas un arquitecto, que habrían conseguido un botín de 370.000 euros ofreciéndose a anular sanciones del Consell por infracciones urbanísticas.

Los arrestados idearon una trama delictiva en la que aseguraban falsamente tener contactos dentro de la Agencia de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), perteneciente al Consell de Mallorca, que les permitía anular sanciones impuestas por dicho organismo como consecuencia de la resolución de los expedientes abiertos por la comisión de infracción de la Institución Insular. Mediante este engaño, los detenidos habrían logrado que varias personas que habían sido sancionados por la ADT por infracción en sus fincas les entregaran diversas cantidades de dinero con el supuesto objetivo de los integrantes de la trama les anulasen las sanciones. Hasta la fecha y a falta de poder identificar nuevas víctimas, los agentes responsables del caso han podido constatar que el dinero obtenido supera con creces los 370.000 euros.

Esta persona realizaba la entrega de dinero recibido a otro de los ahora detenidos quien, a su vez, sería el encargado de gestionar el asunto con un falso contacto que tenía en el Consell. Otro de los arrestados, en su calidad de arquitecto y en representación de las víctimas, llevó a cabo algunas gestiones de trámite ante la Administración a fin de aparentar ante éstas que el dinero invertido se estaba dedicando a obtener la cancelación de la sanción. Sin embargo, tras analizar los expedientes se pudo comprobar que dichas gestiones eran un acto de cara a la galería. Las sanciones eran firmes y no cabía recurso alguno.