La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes (09.30 horas) y con sesiones durante toda la semana el juicio contra una banda dedicada al robo en casas de Palma y otros pueblos de Mallorca y que fue desmantelada en abril de 2021.
El fiscal pide para los ocho acusados penas de cárcel que suman 48 años de prisión e indemnizaciones que superan los 30.000 euros a la espera, además, de que se tasen más objetos sustraídos en los robos.
En concreto, cuatro de los acusados se enfrentan cada uno a seis años y medio prisión por robo con fuerza en casa habitada y a dos años por pertenencia a banda criminal. Los otros cuatro acusados podrían ser condenados a dos años por recaptación y otros también por pertenencia a banda criminal.
En su escrito, el Ministerio Fiscal recoge una decena de robos en casas de áreas rurales de localidades como Palma, Marratxí, Porreres, Ariany, Sant Llorenç, Campos o Manacor y en las que los acusados, presuntamente, se apoderaron de dinero en metálico, así como joyas y aparatos electrónicos que luego vendían. Los robos se produjeron entre diciembre de 2020 y abril de 2021, algunos con pocos días de diferencia.
La Policía Nacional dio por desarticulado el grupo criminal en abril de 2021 tras la detención de una decena de personas.
Modus operandi
En cuanto al 'modus operandi', según informó en su momento la Policía Nacional, los integrantes del grupo accedían a plantas bajas o casas de campo, rebasando el muro perimetral mediante escalo y una vez en el recinto fracturaban las puertas o ventanas. Una vez en el interior sustraían preferentemente joyas y efectos de valor.
Los robos casi en su totalidad se cometían en horario de mañana, aprovechando que los moradores se ausentaban para ir a trabajar y poder actuar con impunidad. Tan solo en una ocasión se encontraron con los residentes en el interior, huyendo del lugar después de ser sorprendidos por éstos.
Las viviendas no eran elegidas al azar, buscaban aquellas que les aportaran discrecionalidad y a la vez donde se obtuviera un gran botín, por lo que los domicilios eran en zonas alejadas del centro y algo dispersas respecto a más viviendas o núcleos de población.
El grupo criminal tenía un carácter estable y operaba de una forma concertada y coordinada, actuando con repartos de tareas y funciones cuyo fin era el robo con fuerza. Para ello algunos de los integrantes aportaban el medio de transporte para acudir a las viviendas, otros realizaban labores de vigilancia en el momento de llevar a cabo los robos, mientras que otros miembros del grupo accedían al interior, encargándose posteriormente de dar salida a los objetos sustraídos en el mercado negro o a través de peristas.
La investigación policial desembocó en varios registros y en la intervención de joyas, relojes, teléfonos móviles, tablets, otros efectos y más de 20.000 euros en efectivo.
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