La dirección de seguridad del hospital, permite a las familias gitanas campar a sus anchas por el recinto. | R.S.

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Es un secreto a voces, pero nadie hace nada para evitarlo. La permisividad por parte de la dirección de seguridad del hospital de Son Espases con las familias gitanas está generando situaciones de riesgo. Desde hace tiempo, las órdenes que reciben los vigilantes son las de permitir que todos los gitanos campen a sus anchas por el centro hospitalario, acampen en zonas comunes, no respeten los horarios de visita e incluso tiren colchones o cocinen dentro del recinto. Todo ello, para evitar enfrentamientos.

Por el contrario, el resto de familiares de pacientes deben cumplir escrupulosamente las normas o son expulsados por el personal de seguridad. «No se trata de racismo, más bien todo lo contrario. Todas las personas debemos ser iguales y recibir el mismo trato, sean de la nacionalidad, sexo, grupo o raza que seamos», apuntan las fuentes consultadas.

Por otra parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP) de la USO en Baleares ha condenado la agresión a un vigilante de seguridad, que tuvo lugar el pasado miércoles en el Hospital Son Espases, y reclama un cambio normativo que sancione «adecuadamente» las agresiones.

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En un comunicado, FTSP-USO manifiesta la «indefensión» que vienen padeciendo los vigilantes de seguridad en sus distintos puestos de trabajo y hace especial alusión al caso concreto de un vigilante en Son Espases, que fue agredido por varias personas, tal y como informó este periódico.

Desde el sindicato remarcan que este caso es «uno de muchos» y han señalado que los vigilantes de seguridad en cada intervención que realizan arriesgan su integridad física «simplemente por hacer su trabajo». «Dichas agresiones pasan inadvertidas pero son una realidad en nuestro sector y no deberían darse», han condenado, subrayando que las agresiones son de todo tipo, tanto verbales como físicas.

Según USO, la «indefensión jurídica» de estos trabajadores provoca las agresiones, así como la falta de medios y efectivos en la mayoría de casos. En esta línea, han lamentado que la seguridad privada «solo se contrate con un único criterio», el económico.