Uno de los quince perros que se encontraban en condiciones deficientes en la parcela. | GUARDIA CIVIL

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Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, han llevado a cabo una investigación contra dos personas como presuntos autores de varios delitos: uno de maltrato animal, otro contra la salud pública y numerosas infracciones administrativas en materia de residuos y bienestar animal en una finca rústica de Ses Salines. En un registro practicado por los investigadores el pasado 21 de septiembre, los agentes observaron graves deficiencias en torno al bienestar de los animales que allí se encontraban. En total se contabilizaron sesenta gallinas, quince perros, cuatro cabras, dos hurones, dos cerdos, un caballo y una veintena de plantas de marihuana.

Las cabras se encontraban atadas, incumpliendo la normativa sobre animales de reproducción. En cuanto a los canes, éstos no disponían de microchip ni tarjeta sanitaria (al igual que los hurones) y sus habitáculos y camas no reunían los requisitos. Además, los perros, pisaban todo el día sobre montañas de huesos, ya que sus propietarios les lanzaban trozos de carne pero no recogían los huesos, ocasionando lesiones en las patas y almohadillas.

Asimismo, las cabras, cerdos y gallinas, no estaban censadas en la Cartilla Ganadera ni identificadas. Por su parte, los investigados no disponían de un núcleo zoológico, que es su obligación tenerlo dado el gran número de perros que tienen.

Marihuana

En la inspección, la Benemérita intervino una plantación ilegal de marihuana compuesta por 20 plantas, siendo investigados los responsables por un delito contra la salud pública. No obstante, a los inspeccionados se les imputan también diversas infracciones administrativas en materia de residuos, ya que en el terreno se hallaron varios vehículos abandonados sin haber sido entregados previamente a un gestor.

Tras recibir los informes periciales de un veterinario, los investigadores valoraron el menoscabo grave de la salud de los animales domésticos, procediendo de este modo a investigar a los responsables también cómo presuntos autores de un supuesto delito de maltrato animal. Ahora se enfrentan a diversas sanciones económicas de hasta 200.000 euros.