La justicia condena a 'Roja Directa' a pagar más de 31 millones por daños y perjuicios a Mediapro

De estos 31,6 millones, Seoane es responsable solidario de 15,8. «El cálculo de la indemnización se ha hecho en base a la contraprestación económica que 'Puerto 80 Projects' debería haber abonado a Grup Mediapro para tener acceso a la señal. Casi 10 años después del inicio de las actuaciones judiciales, Grup Mediapro ha conseguido cerrar la web en España y fijar una indemnización por la infracción de derechos afines de Propiedad Intelectual», añadió la compañía audiovisual. Mediapro recordó que ya en 2022, el Tribunal Supremo declaró a 'Puerto 80 Projects' y a Seoane, responsables de las actividades ilícitas llevadas a cabo por 'Roja Directa' por distribuir ilegalmente partidos de LaLiga y obtener grandes beneficios económicos por ello.

'Roja Directa' daba acceso en España a contenidos ilegales vulnerando los derechos de propiedad intelectual a través de enlaces que permitían ver en directo los partidos de la liga española y otros contenidos deportivos que se emitían en televisión de pago. Si bien para el usuario el acceso era gratuito, 'Puerto 80 Projects' obtenía ingresos millonarios a través de la publicidad y del cobro de comisiones por desviar tráfico a webs de casas de apuestas deportivas. Informes periciales judiciales de 2022 evidenciaron ingresos de más de 11 millones de euros en una sola de las cuentas de la sociedad.

Mediapro apuntó que, paralelamente, el responsable y administrador único de 'Puerto 80 Projects' está haciendo frente a un proceso penal, impulsado por el grupo y LaLiga, por un delito continuado contra la propiedad intelectual a través de 'Roja Directa' y por los beneficios obtenidos con esta actividad ilegal. El fiscal del proceso, que se encuentra en fase de juicio oral, solicita 4 años de cárcel, mientras que Mediapro y LaLiga piden 6. El grupo audiovisual recalcó igualmente que 'Puerto 80 Projects', que «continúa con sus actividades ilegales fuera de España», y su administrador debían haber depositado una fianza de 4 millones para hacer frente a futuras responsabilidades dada la «especial transcendencia económica» de las ganancias obtenidas y los perjuicios causados, según las conclusiones del fiscal.