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El empleado del Club Financiero Inmobiliario Francisco José Alarcón reconoció ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que entre 1987 y 1992 anotó, «en unos estadillos» y por orden de Jesús Gil, los pagos que éste hacía al Atlético de Madrid. Esos estadillos fueron los que esgrimió Gil en la Asamblea General del club celebrada en septiembre de 1991, en la que los socios del Atlético reconocieron que la entidad mantenía con él una deuda de 1.986.945.700 pesetas, lo que contravenía -según la Fiscalía Anticorrupciónlas condiciones impuestas por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a Gil en 1987. Los pagos hechos por Gil al club no se anotaban como deudas en la contabilidad del Atlético, ya que el presidente había garantizado al CSD que no comprometería el patrimonio del club por la contratación de jugadores y que las cantidades por él anticipadas a la entidad a tal fin se documentarían como préstamos sin interés. Además, y según la querella de la Fiscalía, del contenido del compromiso «se desprendía que Gil y Gil garantizaba que si, al final de su mandato o en el momento de la transformación del club en sociedad anónima, el Atlético mantenía alguna deuda con él, tal deuda debería reputarse inexistente e inexigible». Las fuentes consultadas aseguraron también que Alarcón no supo explicar por qué si eran las empresas de Gil, «personas jurídicas», las que hacían los pagos al Atlético, en los estadillos era el propio Jesús Gil, «persona física», el que aparecía como acreedor del club. Otras fuentes presentes en la declaración dijeron que Alarcón, a preguntas del abogado de la acusación particular Juan Carlos Riera, admitió «implícitamente» que en esa contabilidad paralela se anotaron también ingresos «en negro» procedentes del Atlético de Madrid.