Fernando Fernández10/09/05 0:00
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Las quejas del Govern, Ajuntament de Palma y s'Institut ya han hallado réplica en la parte acusada. El delegado del Gobierno, Ramon Socías, denunció ayer el «juego sucio» que están poniendo en práctica las instituciones insulares, descontentas con la aportación de tres millones de euros que el Consejo Superior de Deportes, de boca de Rafael Blanco, su secretario general, ha puesto sobre la mesa, levemente inferior a los seis prometidos por Madrid en su momento. Socías recordó que no se ha tenido en cuenta al Gobierno en ningún momento. «No es muy lógico que se presente el proyecto a la parte que pretendes que se haga cargo del 25 por ciento sin que conozca nada del mismo, cambiándolo de marco y, en vez de ser un velódromo, sea una instalación multiusos», señaló el delegado gubernativo, quien lamenta que a la presentación oficial del proyecto no fuera invitado. De la misma manera, reiteró que Govern, Consell y Cort han buscado deliberadamente el enfrentamiento y recordó que Pepote Ballester, director general d'Esports, le dijo que llevaría adelante su proyecto «con Madrid o sin Madrid», algo con lo que las instituciones ya contaban.

«Algunos que reclaman que hagamos nuestro trabajo, si quieren dinero del Estado, tendrían que hacer partícipe al Estado, no ponerle el proyecto encima de la mesa diciendo cuesta tanto y tu parte es esta», explicó Socías, quien subrayó que el un principio, el pabellón multiusos debía ubicarse en Son Oms «y más tarde cambió a Sant Ferran, con lo que además se disparó el presupuesto hasta los 46,4 millones de euros. Están jugando sucio. Si quieren hacernos partícipes, tenemos que hacerlo todo conjuntamente. Sólo se acuerdan del Gobierno central a la hora de pagar y no es justo».

Pese a que la ayuda del Consejo Superior de Deportes llegará hasta los tres millones de euros, Socías dejó claro que «no será la última oferta», no descartándose la posibilidad de que Jaime Lissavetzky tomara cartas en el asunto e hiciera suyo el caso, con lo que podrían llegar los seis millones de euros, algo que Socías no ve claro «pues hasta el momento no han sabido negociar bien y necesitan alguien a quien cargas las culpas. Es más, el CSD jamás dio una cifra. Si desde el primer día hubieran ido de cara, no habría problemas».