El mejor año laboral de la historia de nuestro archipiélago nos dejó una media de 592.400 personas ocupadas, según datos de la Encuesta de Población Activa, y 72.475 paradas, una cifra que no había sido tan baja desde 2007, justo un año antes de la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con un contexto internacional de enorme complejidad, Balears ha alcanzado unos resultados extraordinarios que no acaban de satisfacer a la ciudadanía por tener que soportar unos precios que siguen disparados.
Junto a este récord de personas ocupadas se registra una imponente mejora de la calidad en el empleo gracias al año de vigencia de la nueva normativa, una reforma laboral de la que UGT se siente muy orgullosa porque por primera vez una legislación de este tipo recupera derechos y no los recorta. La reforma es fruto del diálogo social y de innumerables reivindicaciones y protestas a lo largo de los años. De ella se ha beneficiado mucho Balears por la excesiva contratación temporal que arrastraba, mucha de ella en fraude de ley, y sobre todo ha favorecido a mujeres y jóvenes, por lo que con la nueva normativa se ha mejorado también la igualdad.
Los datos corroboran que la reforma laboral ha provocado un cambio en el paradigma de la contratación en nuestro archipiélago. Fueron indefinidos el 65 por ciento de los nuevos contratos firmados en 2022 frente al 18 por ciento de un año antes. Este viraje ha permitido dar mayor estabilidad y seguridad a miles de personas que iban rotando por las empresas con contratos temporales. La mayoría de estos contratos indefinidos no son de todo el año porque tienen la modalidad de fijo discontinuo. De ahí una de las razones por las que las Islas han liderado la bajada del desempleo en España durante el año pasado: cuando el personal fijo discontinuo no está trabajando, los registros oficiales no los contabilizan como personas paradas.
Balears ha quedado retratada en el cuadro de 2022 como la locomotora económica y laboral del Estado. Una locomotora que tira de vagones muy resplandecientes pero también de otros bastante problemáticos. Muchos residentes no pueden acceder a una vivienda ni de compra ni de alquiler a pesar de tener un empleo indefinido y de soportar sobrecargas de trabajo extenuantes. Se está vetando calidad de vida a las personas trabajadoras si se ven obligadas a destinar más de un tercio de su salario a sufragar los gastos de una vivienda en alquiler o hipotecada. Por eso debemos seguir reivindicando construir vivienda pública, poner límites a los precios de los alquileres y subir salarios en todos los sectores, como se ha acordado ya para el personal de hostelería, el de las residencias privadas o el personal público.
Una inflación que no da tregua impide, no pocas veces, que los incrementos de sueldo basten para hacer frente a los gastos que genera una familia. Tras la petición de los sindicatos UGT y CCOO, el Govern balear ha hecho efectivo este año el pago de la ayuda extra a los fijos discontinuos que cobran el paro o el subsidio durante los periodos de inactividad. Y ha articulado otras medidas para paliar los estragos de las subidas del IPC sobre las economías familiares.
Los hitos históricos en materia laboral, la cara A del éxito, no pueden ocultar la otra cara, la de las dificultades por las que atraviesan las personas trabajadoras de las Islas. Y tampoco deben hacernos olvidar el reto de afianzar un modelo económico más diversificado y sostenible.l
