Según ha explicado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, en la misma operación, llevada a cabo en Madrid y San Agustín de Guadalix, se registraron dos domicilios y una empresa, al amparo de mandamientos del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, encontrándose numerosos dispositivos informáticos y de comunicaciones relacionados con los hechos investigados.
La operación GAMMA comenzó en el mes de junio de 2021 con la presentación, por parte de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), de una denuncia en la que se informaba de una serie de cibersabotajes perpetrados contra la RAR.
A grandes rasgos, el sistema RAR es una malla de sensores de detección de radiación gamma, desplegados en determinados puntos de la geografía española con la finalidad de monitorizar la posible aparición de niveles de radiación excesivos y tomar medidas protectoras para la salud colectiva y el medio ambiente.
Cada uno de los sensores de esta red está conectado por vía telefónica al centro de control, en la sede de la DGPCE y, mediante esta conexión, el centro de control recibe información de las mediciones y transmite a los sensores las órdenes necesarias.
El Grupo de Ciberataques de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de manera inmediata y, tras analizar el ataque con la colaboración de la DGPGE, se determinó que fue dirigido a los dos componentes principales de la red.
Por un lado se produjo una intrusión ilegítima en el sistema informático propiamente dicho, que tiene como objetivo el borrado del aplicativo web de gestión de la RAR en el centro de control; por otra parte, y durante dos meses, los autores atacaron más de 300 sensores de entre los 800 existentes, provocando el fallo de su conexión con el centro de control y reduciendo de esta manera la capacidad de detección de la red.
La rapidez de la denuncia de los sabotajes tras su descubrimiento resultó clave para lograr el esclarecimiento de los hechos. La intrusión en el sistema informático cuyo origen pudo situarse en la red de uso público de un conocido establecimiento de hostelería del centro de Madrid, permitió identificar a los autores del ciberataque.
En el transcurso de la investigación se pudo determinar que los dos detenidos habían tenido responsabilidades en el programa de mantenimiento del sistema RAR, a través de una empresa contratada por la DGPCE, por lo que poseían un profundo conocimiento del mismo que les facilitó la realización de los ataques y les ayudó en su empeño de enmascarar su autoría.
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