El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado la suspensión cautelarísima del artículo 11.3 del Decreto de 5 de agosto del Consell, de regulación de la ordenación y el currículum de Educación Secundaria Obligatoria, de manera que deja sin efecto la agrupación obligatoria por ámbitos de conocimiento para el primer curso de la ESO, ante un recurso presentado por el sindicato UGT PV.
En la resolución, de fecha de este mismo miércoles, el alto tribunal valenciano acuerda, sin previa audiencia de la Conselleria de Educación, la medida cautelarísima de suspensión de ese artículo, por el que se regula la ordenación y el currículum de ESO y que establecía que la agrupación por ámbitos de conocimiento «se debe aplicar para el primer curso de la etapa en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos debidamente autorizados». La sala ha dado tres días de plazo a la administración para presentar alegaciones a su decisión.
El TSJCV explica en la resolución, que la «inmediatez y premura de tiempo con la que se impone tal medida, que exige de actos preparatorios conducentes al resultado previsto en tal precepto cuando el inicio del curso escolar está fijado para el 12-09-22», obliga a la adopción de esta medida, sin pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, para "evitar los perjuicios derivados de su aplicación para el caso de que la sentencia estimatoria del
recurso anulara el citado precepto, y así conseguir con la suspensión sortear resultados nocivos e irremediables para la comunidad educativa, que se producirían en el caso de no aceptar o acoger tal suspensión".
El sector de Ensenyament de UGT PV, promotor del recurso, ha señalado en un comunicado que la Conselleria de Educación «debe cumplir de forma inmediata la decisión judicial, ya que con esta suspensión se reestablece el derecho del alumnado a recibir una educación de calidad, del profesorado a impartir las materias de las que es especialista y para las que está debidamente cualificado y de los centros educativos a su autonomía organizativa y pedagógica».
UGT ha explicado que «siempre ha rechazado la agrupación forzosa de materias en los ámbitos educativos ya que implica que el mismo profesor o profesora deba impartir su materia, la materia de la que es especialista, y el resto de materias que se integran en el ámbito». En estos ámbitos, básicamente uno (general, con agrupación heterogénea de materias) o dos (sociolingüístico y científico- tecnológico) «se incluyen y agrupan materias muy diversas».
Voluntariedad
En todo caso, ha subrayado que la decisión judicial adoptada «sólo suspende cautelarmente la obligación e imposición generalizada en todos los centros educativos, de la agrupación forzosa de materias en 1º de la ESO, pero no impide que los centros, el profesorado y los equipos docentes que lo consideren, con recursos y la codocencia garantizada, puedan organizar voluntariamente la impartición de sus materias agrupadas por ámbitos de conocimiento».
Según el sindicato, esta medida «no se ha implantado en el 90 por ciento de los centros educativos que lo podían hacer voluntariamente en 2º de la ESO». UGT recalca que «siempre» ha defendido que los ámbitos «sean voluntarios y que se den buenas condiciones laborales (sin reducción de plantilla) para quienes decidan trabajar de ese modo», y así lo expresó en la Mesa Sectorial de Educación en la que se trató el decreto curricular autonómico y en la que todos los sindicatos coincidieron en el mismo sentido.
Sin embargo, ha añadido que, pese al rechazo «unánime», la Conselleria de Educación «se negó a negociar y optó por implantar por la fuerza» este modelo que ahora el TSJCV ha suspendido cautelarísimamente.
Retraso
El sindicato ha reprochado que Educación «ha retrasado la aprobación y publicación de esta norma hasta bien entrado el periodo vacacional, lo que evidencia una falta de respeto y seriedad hacia toda la comunidad educativa». Ahora, sostiene que «frente al autoritarismo y desprecio a la voluntad de la comunidad educativa de la Conselleria de Educación», el TSJCV les «restituye» sus derechos.
UGT PV, junto con la Plataforma de Docentes No als Àmbits Imposats, ha desarrollado una «intensa campaña» este curso para explicar su posición y se registraron ante la Conselleria más de 3.500 firmas de docentes afectados «en tiempo récord». Además, presentó una queja ante el Síndic de Greuges «para defender los derechos laborales de los docentes, el alumnado y el de los de los centros.»
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