La consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha lamentado este miércoles que el Gobierno central esté dispuesto a poner en marcha una medida «tan sensible» como el pago por el uso de autovías, «atacando al bolsillo de los ciudadanos en un momento de crisis».
Así lo ha señalado en unas declaraciones a Europa Press tras saber que el Gobierno ya ha iniciado los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.
La consejera de Fomento ha enfatizado que la vía para la recuperación «no es imponer impuestos ni nuevas tasas» y apuesta por «liberar de cargas» a empresas y consumidores, así como a bajar impuestos «como se está haciendo en Andalucía».
Tras advertir que los peajes pueden ocasionar «cierres de empresas de transporte y pérdida de empleos», ha criticado que, como ha ocurrido con «numerosas medidas estatales», el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no consulta ni busca el consenso con las comunidades».
Además, en cuanto a los 10.500 kilómetros de carreteras competencia de la comunidad andaluza, la Junta no va a aplicar peajes, ya que, a su juicio, teniendo en cuenta la extensión de la región, la movilidad entre las provincias y por ser frontera internacional, sería de «las comunidades más perjudicadas».
Como colofón, ha señalado que la provincia de Cádiz ha estado «machacada durante años» con los peajes y ha apuntado que «no es de recibo que tengamos que volver a sufrirlo».
La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.
El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.
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