El alcalde de Cádiz, José María González, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han alcanzado un acuerdo que permite elevar al cien por cien la edificabilidad de los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera cedidos por el Ayuntamiento para la futura Ciudad de la Justicia hasta casi 40.000 metros cuadrados. Para ello, el Pleno municipal, en su próxima sesión de octubre, aprobará una aclaración del PGOU.
En rueda de prensa conjunta tras mantener una reunión en el Ayuntamiento, el alcalde ha agradecido en primer lugar «al consejero de Justicia, a la delegada de la Junta en Cádiz y a todo el elenco que les acompaña la disponibilidad para abordar un tema de ciudad que viene preocupando ya desde hace demasiados años, como es que Cádiz no tenga la Ciudad de la Justicia que necesita y merece».
González ha aclarado que «al parecer hay una cuestión conceptual que es la que ha alarmado a la Junta de Andalucía y ellos mismos han venido con la solución, a la que el Ayuntamiento se ha comprometido a dar respuesta lo antes posible». «La nota aclaratoria del PGOU que nos solicita el Gobierno andaluz irá a Pleno en octubre con toda seguridad», ha afirmado.
En este sentido, ha explicado que no existe, por tanto, «una necesidad de metros, ya aclaramos a la Junta que era absolutamente suficiente, con una disponibilidad de 39.000 frente a los 34.000 que se habían solicitado».
«Me alegra mucho y me tranquiliza que sea una cuestión de interpretación del Plan General que la Junta necesita que el Ayuntamiento resuelva y que estamos comprometidos a solventar», ha manifestado que el alcalde, que ha añadido que «la Junta necesita la tranquilidad de esa nota aclaratoria y es lo que se le va a dar».
Por su parte, Nieto ha agradecido también al alcalde su «actitud colaborativa» y «celeridad» para abordar la mejor solución para garantizar que el proyecto «no se paralice ni se produzcan retrasos». «Trabajamos con la certeza de que el proyecto va a tener los metros que requiere» para albergar todos los órganos judiciales de Cádiz, salvo la Audiencia Provincial que se quedará en su ubicación actual como se acordó en el momento de la cesión de los terrenos, ha indicado el consejero.
Además, ha explicado que la cesión del suelo en los antiguos depósitos de Tabacalera «tenía un pequeño matiz» por el que, en base a la calificación de los terrenos, el «límite a la edificabilidad del edificio de nueva construcción que se levantará en ese solar es del 49 por ciento y eso suponía una limitación que se ha tratado de solventar por parte de los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, siempre a favor del proyecto y desde la colaboración leal de las dos instituciones».
Con el avance del proyecto básico recibido «hace unos días» por la Consejería de Justicia se estimó que era más conveniente un mayor número de metros de los inicialmente aportados de acuerdo con el documento de cesión.
«Los técnicos municipales y de la consejería analizaron las propuestas que podían incrementar los metros, pero no queríamos que el proyecto tuviera ninguna incertidumbre y eso es lo que hemos trasladado al alcalde y hemos recibido de nuevo la actitud colaborativa del Ayuntamiento», ha añadido.
El acuerdo consiste en solicitar al Pleno municipal una interpretación del PGOU que, en base a la «peculiaridad e importancia del proyecto» dote a los terrenos de una calificación que permita el cien por cien de edificabilidad, llegando así a un mínimo de 40.000 metros cuadrados «que permita que Cádiz tenga la Ciudad de la Justicia que se merece, que lleva tanto tiempo esperando y que se pueda ejecutar en las mejores condiciones posibles».
Según ha explicado, de los casi 40.000 metros cuadrados que se alcanzarán gracias a esta fórmula, unos 35.000 se destinarán al proyecto actual para albergar todos los órganos judiciales de Cádiz y otros 5.000 se dejarán reservados «para futuras ampliaciones de forma que Cádiz tendría resuelto para décadas sus problemas de sedes judiciales».
«El consenso va a ser el principal aliado de este proyecto que cada vez es más sólido, más real», ha defendido Nieto, quien ha incidido en la importancia del diálogo ya que «el acuerdo es la consecuencia» del mismo. Por ello, ha anunciado la creación de una Comisión mixta con técnicos de la consejería y el consistorio para el seguimiento y análisis del proyecto ante el que instó a los operadores jurídicos, con los que el consejero se ha reunido también en Cádiz, a hacerlo suyo para mejorar y «conseguir que cumpla las expectativas».
Para el responsable de Justicia, Administración Local y Función Pública, la «principal preocupación es que este proyecto tenga la velocidad máxima, cumpliendo la legalidad, y que en 2023 recoja en los Presupuestos de la Junta, como ha pedido el alcalde, una partida para que cuanto antes se pueda licitar la obra, con un coste cercano a los 60 millones de euros, que resuelva los problemas de sedes y servicios judiciales en la ciudad de Cádiz y en gran parte de la provincia».
El próximo noviembre expira el plazo de nueve meses previsto para redactar el proyecto básico, con un presupuesto de casi 500.000 euros, tras lo cual la previsión es incluir en los Presupuestos de 2023 una partida para el proyecto final en base al cual se sacará la obra a licitación para empezar los trabajos lo antes posible.
«El proceso no se para en ningún momento, de hecho está reunión se produce porque no queremos que se pare y ante la duda hemos analizado distintas soluciones y esta es la que resuelve de manera más eficaz» las necesidades, ha incidido Nieto.
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