La querella, presentada este miércoles, les atribuye los presuntos delitos de organización criminal; acusación y denuncia falsa; falsedad documental y detención ilegal, según ha adelantado 'El Periódico'.
Además de contra Villarejo, la querella se dirige contra el excomisario Marcelino Martín-Blas, el exinspector Antonio Giménez, el inspector Alberto Estévez y el exagregado del FBI en la embajada estadounidense en Madrid Marc L. Varri.
La defensa del entonces presidente del Barça añade en el texto que «de momento» la querella no se dirige contra la senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho --añadirla supondría llevar el caso al Supremo por cuestión de aforo--, aunque insta al juez instructor a que valore si incluirla.
La querella hace referencia a los audios publicados de conversaciones de mandos policiales y cargos políticos sobre la 'Operación Catalunya', que «consistía, fundamentalmente, en obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar» a independentistas.
La representación legal de Rosell considera que él estuvo «en el punto de mira» de esta trama y lo ejemplifica con una reunión, en noviembre de 2012, entre Villarejo y Sánchez-Camacho, entonces presidenta del PP catalán: en ese encuentro, ella supuestamente dio al comisario una lista de personas a investigar por su relación con el independentismo, entre las que estaba el expresidente blaugrana.
Requerimiento de ee.uu.
Más adelante, a partir de enero de 2014, empezó según la querella una investigación prospectiva contra Sandro Rosell, en la que supuestamente estuvieron involucrados los querellados.
El abogado de Rosell sostiene que «se habría acordado activar --o, en todo caso, aprovechar-- un supuesto requerimiento de información remitido desde Estados Unidos a España en relación con el denominado asunto 'Fifagate', de corrupción en el mundo del fútbol, que serviría como pretexto para iniciar una investigación policial» contra Rosell en España.
En base a este requerimiento, «se abrió en junio de 2015 una investigación prospectiva y secreta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional», donde fue juzgado y absuelto en 2019 tras 21 meses de prisión provisional.
Juicio el lunes
Por otro lado, Rosell será juzgado el lunes por la mañana en el Jugado Penal 3 de Barcelona por un presunto delito contra Hacienda, por un total de 230.291 euros, por los que la Fiscalía ha reclamado una condena de dos años y nueve meses de cárcel y una multa de 300.000 euros.
La acusación del fiscal sostiene que Rosell «ideó y ejecutó» la defraudación en su declaración de 2012, cuando todavía presidía el Barça, supuestamente aprovechándose de una empresa de la que era el único titular y que estaba dedicada a la organización de eventos, alquiler y compraventa de inmuebles y a la promoción inmobiliaria.
En junio de 2019, Rosell ya ingresó la cuota que no había pagado, además de los intereses por el retraso (otros 57.320 euros), y por eso el fiscal incluye en su escrito de acusación una atenuante de reparación del daño.
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