Cierran las cocinas industriales junto al CEIP Miguel de Unamuno por realizar "obras importantes" sin licencia

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, donde ha precisado que «había finalizado el proceso de reedición de oficio de esa licencia y cumplía el ordenamento jurídico, y con los antecedentes estaba bien concedida».

Fue tras realizarse «distintos actos de seguimiento de esta actividad para verificar la legalidad» cuando «se detectaron unas obras importantes que modificaban la distribución interior, y que no se amparan en esa licencia otorgada».

Se dictó en el mes de agosto «orden de paralización inmediata y cese» y se comprobó el desmontaje de la actividad el pasado 7 de septiembre en una revisión.

Familias de alumnos celebran el cierre

Familias de alumnos del centro escolar han celebrado el cierre pero han advertido de que «la licencia sigue en vigor, por lo que nadie asegura que en cierto tiempo vuelvan a ponerse en funcionamiento».

A este respecto, fuentes municipales han explicado que «las licencias dejan de tener utilidad cuando pasan seis meses sin ejercer esa actividad». «Si así ocurre, deberán presentar otra y los técnicos realizarán el seguimiento que corresponda», han apuntado estas fuentes.

«Es por ello que seguiremos trabajando hasta conseguir que la cierren a efectos legales, ya sea por la revisión de oficio que se prometió desde el Ayuntamiento, de la que no sabemos nada, o por la resolución del juicio en segunda instancia», han indicado.

Continúan abogando por un entorno escolar «que no esté plagado de cientos de camiones y motos diarios, ruido incesante, basuras».

Unas cocinas ya señaladas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid había anulado la licencia concedida a estas cocinas después del recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro.

En el auto, el juez exponía que es «indudable» que hay «perjuicios a los vecinos» derivados de la limpieza y tratamientos de residuos; «perjuicios derivados de la contaminación acústica, dado que el proyecto no ha valorado el ruido provocado por los vehículos y o motocicletas destinadas al reparto de comida a domicilio a establecimientos de restauración, comercios y particulares», y ocasionados por la afección a la movilidad urbana.

Sin embargo, el Consistorio de la capital recurrió este fallo, que no era firme. Las familias mostraron su descontento con esta actuación al sentirse «decepcionadas» y prometieron continuar batallando por el cierre de estas cocinas.

El Gobierno municipal ha señalado una «discrepancia» porque «el juez dice que tiene que haber informe medioambiental», mientras que desde el equipo de Martínez-Almeida señalaban que «según normativa de la Comunidad de Madrid, y sería sentar precedente que debe ser aclarado por el TSJ para dotar de seguridad a otras cuestiones».