La familia de Griñán formalizó tal extremo ante el Ministerio de Justicia poco después de que el Tribunal Supremo comunicase a finales de julio que había confirmado plenamente la condena inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que en concreto le impuso seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación, por delitos continuados de malversación y prevaricación con relación a la administración de los fondos con los que fueron sufragados ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad.
Más al detalle, la petición de indulto parcial fue registrada el pasado 1 de septiembre, antes de que el pasado miércoles fuese notificada oficialmente la sentencia completa del tribunal Supremo que resuelve los recursos de casación interpuestos contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados por el sistema de financiación de los ERE.
Los familiares del expresidente andaluz fundamentan su petición de indulto parcial, respecto a la pena de cárcel derivada del delito de malversación, «expresamente en razones de humanidad y equidad», esgrimiendo que el expresidente andaluz es «un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital» y que «tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario», descartando cualquier «enriquecimiento personal ni familiar».
De otro lado, en la sentencia del Supremo que desestima el recurso de casación de Griñán contra su condena, pesa especialmente el voto particular emitido por dos de los cinco miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo encargada de resolver los recursos de casación formalizados contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia.
El voto particular
En ese voto particular, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación; y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente en el reparto final de los fondos.
«Una cosa es asumir y aprobar todo un sistema específico para 'agilizar' y para lograr una 'mayor rapidez' en la concesión y pago de las ayudas sociolaborales a los trabajadores y a las empresas en crisis (...) Y otra cosa muy diferente es que los acusados ajenos a la referida consejería (de Empleo) tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta», señalan estas magistradas, considerando que la actuación de cinco de los condenados por malversación, entre ellos Griñán, «no cubre la tipicidad subjetiva» que requiere el delito de malversación, en alusión al dolo, «ni aun en la modalidad de dolo eventual apreciada por la Audiencia de Sevilla».
En cualquier caso, fuentes próximas a la familia de Griñán han precisado que el 1 de septiembre, cuando fue formalizada la petición de indulto parcial con relación a la condena por malversación, que es la que implica la pena de prisión, eran ya unas 3.800 las firmas que acompañaban aquel documento, si bien desde entonces las adhesiones a la campaña en favor de esta petición de indulto «han continuado» y ya superan las 4.000 firmas, pues diariamente se reciben «diez, quince o veinte» nuevas incorporaciones.
Adhesiones con nombre propio
Los nombres propios de las adhesiones, según tales fuentes, constituyen una representación «transversal» de la sociedad, pues más allá del apoyo ya trascendido de figuras como las de los expresidentes socialistas del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, la expresidenta de la Junta de Andalucía y sucesora de Griñán en el cargo, Susana Díaz; o el histórico dirigente del PSOE Alfonso Guerra; habrían secundado la campaña el expresidente socialista de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el expresidente catalán José Montilla, el histórico primer presidente electo de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo; el exministro socialista José Bono, el también exministro Carlos Solchaga, la ex ministra del PSOE Leire Pajín, el exministro también del PSOE Pedro Solbes, el histórico dirigente socialista y vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell o el economista y exministro Miguel Sebastián.
Figuras de otros partidos
También figurarían personalidades de otras formaciones políticas, como el exdiputado del PP Eugenio Nasarre, la exdiputada popular Beatriz Gutiérrez, el exsecretario general del PP-A y exparlamentario Juan Ojeda, el exalcalde de Sevilla y fundador del PA, Alejandro Rojas Marcos; así como el exdirigente catalanista Josep Antoni Durán Lleida o el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y dirigente de Podemos José Julio Rodríguez Fernández, entre otros.
También figuran personas de otros ámbitos como el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, el prestigioso escritor Luis García Montero, el reconocido autor Javier Cercas, el también escritor Manuel Vicente, el rockero Miguel Ríos, el crítico de cine y presentador de relevisión José Luis Garci, el famoso periodista Iñaki Gabilondo o altos responsables de los sindicatos, como José María Fidalgo, Antonio Gutiérrez, Ignacio Fernández Toxo o Cándido Méndez, entre otras personalidades conocidas.
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