La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), ha defendido este martes la decisión del Gobierno andaluz de suprimir en la práctica --con su bonificación al 100%-- el impuesto cedido de Patrimonio con el objetivo, entre otros, de evitar la «huida de capitales» de la región, al tiempo que ha pedido al Gobierno central que respete las competencias de las comunidades autónomas en materia tributaria.
Así lo ha señalado la consejera en su comparecencia en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha aprobado un nuevo decreto ley que contempla modificaciones en la tributación que afecta al IRPF, al Impuesto Sobre el Patrimonio y al canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas, el conocido como 'canon del agua', que el Gobierno andaluz va a eliminar en 2023.
Se trata, según ha puesto de relieve la consejera, de la «sexta bajada de impuestos» que acomete la Junta desde que en enero de 2019 llegó Juanma Moreno a la Presidencia, ya que es «seña de identidad» del Ejecutivo del PP-A, y va a permitir que Andalucía se convierta «en la segunda comunidad con los impuestos más bajos de España, la segunda fiscalmente más competitiva», además de «referente» en magnitudes como el empleo o la creación de empresas.
La consejera ha cifrado en 360 millones de euros la cantidad que la Junta va a «dejar en el bolsillo de los ciudadanos» con las medidas de este decreto --140 millones por el canon del agua, 124,2 por el IRPF y 95 por Patrimonio--, y ha subrayado que si a esa cantidad se suman los 540 millones de impacto de las bajadas de impuestos de la anterior legislatura, durante el próximo año 2023, los andaluces van a «disponer de 900 millones de euros de recursos en sus bolsillos que no va a recaudar la Junta».
Ha sostenido que este decreto persigue como objetivos «ayudar a las familias y empresas a hacer frente la inflación desbocada y atraer nuevas inversiones y nuevos contribuyentes para Andalucía».
Por otro lado, a preguntas de los periodistas después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se haya mostrado partidario de centralizar impuestos para evitar el «despropósito» de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal, la consejera ha reivindicado las competencias que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) reconocen para las comunidades autónomas en materia de impuestos.
«No entiendo cómo el ministro se salta esas leyes», ha expresado Carolina España antes de apostillar que «es verdad que tradicionalmente» los anteriores gobiernos socialistas de la Junta «siempre han subido los impuestos, pero no tiene por qué interferir en que el Gobierno de Moreno haya decidido hacer una bajada continuada de impuestos a los andaluces», ha añadido.
Además, ha subrayado que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero «eliminó o suspendió» el impuesto de Patrimonio «en los años 2008, 2009 y 2010», aunque «luego lo volvió a imponer en 2011», y ha negado que con esa bonificación de este tributo se vaya a resentir la prestación de servicios públicos en Andalucía como se ha venido señalando desde los partidos de oposición de la izquierda.
Canon del agua
Según ha expuesto la consejera, la suspensión del canon del agua, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, va a suponer, sólo durante 2023, un ahorro global estimado de 140 millones de euros para las familias y las empresas, y esta medida «no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha», e incluso se podrán licitar nuevas actuaciones, gracias al remanente de recaudación de 551 millones generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta, ya que los ejecutivos precedentes del PSOE-A no invirtieron la mayor parte de los más de 700 millones recaudados por este concepto, según ha advertido.
Con respecto al IRPF, el Gobierno andaluz ha acordado, por un lado, la deflactación de los primeros tramos de la tarifa autonómica y el aumento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación, una medida que, según ha defendido, beneficiará de manera especial a los contribuyentes de rentas medias y bajas.
Según ha abundado la consejera, el 82% de los contribuyentes andaluces tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF, que son los que se van a deflactar, y la intención de esta medida es «evitar, por una parte, que un incremento salarial, que en ningún caso podrá compensar la fuerte subida de la inflación, implique una mayor tributación para el contribuyente», y, por otra, «mantener fuera de la tributación la parte de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas que, también por la inflación, es mayor de lo que ha sido en años anteriores».
Los últimos datos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado sobre variación salarial pactada en los convenios colectivos sitúan, en el mes de agosto, la subida interanual en el 2,6%. El Gobierno andaluz, «anticipándose a futuras subidas de la inflación», ha elevado esa cifra hasta el 4,3%, que coincide con el incremento interanual de los costes salariales, según la encuesta trimestral del INE.
De esta forma, según argumenta la Junta, se aumentan los primeros tramos de tributación del IRPF en un 4,3% para que el contribuyente «no se vea obligado a tributar en un tramo superior por un incremento salarial motivado por la inflación, pero que no supone un aumento real de la capacidad de pago».
La Junta defiende que la deflactación de los primeros tramos del IRPF tendrá como consecuencias «directas» que los contribuyentes con rentas más bajas van a seguir tributando dentro del mismo tramo, aunque su salario aumente, y que todos aquellos contribuyentes que no vean incrementado su salario, con independencia de su nivel de ingresos, tributen según un tipo medio efectivo más bajo que hasta ahora. También se amplían en la misma proporción (4,3%) los mínimos personales y familiares por los que no se tributa en el IRPF.
Impuesto sobre el patrimonio
Por otro lado, para justificar la bonificación al 100% de la cuota del impuesto de Patrimonio, la consejera ha señalado que, «de los 20 mayores contribuyentes de Patrimonio que había en 2019» en Andalucía, «la mitad de ellos ya no estaba en 2020» al haberse ido, con lo que la región perdió «los 3,8 millones de euros» que habían pagado en el ejercicio anterior por ese tributo.
Ha precisado que el Impuesto sobre el Patrimonio representa «apenas un 0,6% de los ingresos tributarios de la comunidad», y ha sostenido que la bajada recaudatoria que acarrea su supresión se puede paliar con el incremento de contribuyentes previstos en IRPF, así como ha argumentado que el Impuesto sobre el Patrimonio está considerado una anomalía en países avanzados, y, en el ámbito de la OCDE, además de en España, sólo pervive en Noruega y Suiza.
Para la Junta, el hecho de que no exista en el entorno inmediato de Andalucía, incluida la Comunidad de Madrid, ha hecho que el Impuesto sobre el Patrimonio se comporte con «un freno a la hora de que potenciales contribuyentes instalen su residencia fiscal en Andalucía».
Aplazamientos y fraccionamientos de deuda
Por último, el decreto ley contempla también el incremento del plazo máximo para aplazamientos y fraccionamientos de las deudas contraídas por ciudadanos, empresas e instituciones con la Junta, hasta doce años con carácter general.
El objetivo, según ha expuesto la consejera, pasa por dar facilidades de pago a los contribuyentes, en un contexto de desaceleración económica como el actual. Hasta ahora, el plazo máximo que se venía aplicando, condicionado a una serie de requisitos, era de diez años.
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