Ha indicado que el borrador del plan hidrológico que el Gobierno «espera» aprobar «este otoño» lo que hace es «fijarse en el modo» en el que poder aportar «recursos adicionales» a cada cuenca «gracias a la desalación, a la recuperación de aguas y a obras que permitan interconectar dentro de cada cuenca».
En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Ribera ha remarcado que el ministerio «trabaja» en «cómo garantizar» que los precios del agua desalada «sean asequibles y suficientemente bajos para que puedan seguir manteniendo su actividad» y ha afirmado que, en los próximos meses, van a «seguir apostando» por «cumplir todos los hitos y fechas en todos los procesos que nos permiten contratar esa obra que nos da seguridad».
«Yo diría que los agricultores de Almería, de Murcia y de Alicante no deben preocuparse o pensar que les estamos obviando en este debate cuando, al revés, queremos seguir manteniendo y apostando por un diálogo fluido con los sindicatos de regantes durante todos estos meses».
La ministra ha señalado que, si bien «desgraciadamente», el Gobierno no «puede hacer que llueva en la medida en que nos gustaría» o «no puede conseguir torcer esos escenarios de cambio climático que nos presentan una realidad preocupante», sí «va a destinar la mayor cantidad de recursos que nunca jamás en nuestra historia han estado disponibles para inversiones en agua».
«Son más de 8.000 millones de euros en el ciclo 2022-2016 para paliar esos efectos y para garantizar que no solamente hay agua de boca y abastecimiento a las ciudades y a los núcleos urbanos, sino también que hacemos, el mejor uso posible de esa recurso para un campo, para una agricultura que es fundamental no solamente para la economía de nuestro país, sino también para fijar población y para conseguir esa seguridad alimentaria a la que todos aspiramos y que todos trabajamos con el máximo respeto», ha dicho.
Ribera ha apuntado que, desde el Gobierno, son «conscientes claramente» de la «preocupación» que siente «todo el mundo» por la «disponibilidad de agua», pero, según ha subrayado, «nosotros trabajamos precisamente para poder garantizar que ese agua este disponible».
Ha recordado, asimismo, las «numerosas sentencias pendientes de ejecución» que condena a España porque el río Tajo no tiene determinación de caudal ecológico cuando se exige en la UE desde 1995.
«No hay relación directa entre ese caudal ecológico y el volumen de agua a trasvasar que predetermine cuál es el importe de los hectómetros que puedan ser trasvasados, pero sí es cierto que tendremos que respetar esa prioridad», ha insistido.
Ha aludido, asimismo, al «esfuerzo importante» para «impulsar» la digitalización en los consumos de agua, buscar la «máxima eficiencia» y ha considerado que los agricultores en España «han avanzando muchísimo durante mucho tiempo en estas técnicas».
"se confunden incumplimientos de una administración con expectativas"
La ministra ha lamentado, asimismo, que, en Andalucía, se «confundan» lo que son «incumplimientos de una administración» con las «expectativas en los programas de la otra» y ha reprochado que las inversiones que, «en la práctica corresponde llevarlas a cabo a la Junta, vayan con retraso desgraciadamente».
«Hay que recordar que una parte de ese territorio en Almería, Granada y Málaga son cuencas e interiores donde las inversiones corresponden a la Junta y la previsión de contratación de la obra pública y la disponibilidad del recurso van con retraso», ha precisado.
Ribera ha asegurado que el Gobierno tiene «todas las obras a las que se comprometió activadas» con distinto grado de ejecución o de contratación y, pese a «complejidad que representa para una obra pública que haya alguien que recurra y se judicialice».
«Echamos en falta algunas iniciativas sobre las que no hemos conseguido obtener información por parte de la Junta, sobre todo en Granada y Málaga, puntos sensibles desde el punto de vista de la agricultura tropical y nos preocupa mucho el interior de la provincia de Córdoba, donde no avanzan algunas iniciativas de saneamiento o de infraestructura local que corresponde a la Junta», ha dicho para concluir que también le preocupa «enormemente los mensajes que distorsionan mucho la realidad de Doñana y donde hay que extremar mucho las cautelas».
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