La Audiencia Provincial de Álava ha acogido este lunes la última sesión del juicio por estos hechos, que se produjeron en el año 2016 y que afectaron a siete menores de edad, dos de ellos tutelados por la Diputación Foral en el centro de Sansoheta (Álava).
El juicio comenzó la semana pasada con diez acusados por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública. Durante la semana pasada, cuatro de los acusados reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo con las acusaciones, por el que serán condenados a penas que de entre uno y 13 años de cárcel.
Los otros seis acusados han continuado siendo juzgados ya que mantienen que desconocían que las personas a las que pagaban por sexo y con las que contactaban a través de una web de adultos, eran menores. Las defensas han insistido en la jornada de este lunes en que los acusados no conocían que eran menores, lo que creen que les exime de los delitos. Además, defienden como atenuantes dilaciones indebidas y reparación del daño.
La Fiscalía ha solicitado penas para los seis acusados de entre 14 años y 34 años y seis meses, mientras que la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor ha pedido condenas de entre 30 años y seis meses, y de 47 años y 3 meses.
En la presentación de las conclusiones, la fiscal ha afirmado que los acusados compartieron con los menores contenido sexual y encuentros sexuales a cambio de dinero, y no comprobaron que fueran mayores de edad. «Nadie tomó la más mínima precaución y la más mínima precaución es pedir el DNI», ha subrayado antes de asegurar que su aspecto físico era de unos «críos».
Además, ha destacado una de las fotos de los menores encontrada en algunos de los teléfonos de los acusados para señalar que es «imposible» que se considere que esa foto corresponda a un joven de 18 años.
También ha señalado que en las conversaciones de teléfono y por correo electrónico de los acusados con las víctimas el contenido era sexual, sobre prácticas sexuales y de los precios a pagar por ellas con «verdaderos regateos».
Informes periciales
La jornada ha comenzado con la declaración como testigo de un ertzaina que analizó el contenido de los teléfonos móviles de acusados y víctimas, así como de los psicólogos y trabajadores sociales que elaboraron los informes periciales tras estar con las víctimas.
Los expertos han sido preguntados por la situación de dos de los menores. En su intervención a preguntas de la fiscalía y defensa, han destacado la situación de vulnerabilidad de uno de ellos, que «no tenía capacidad para medir las consecuencias de sus actos por su edad» -15 años--, y que los llevó a cabo para «conseguir dinero».
No obstante, han indicado que en el caso de otro de los menores, el objetivo de sus prácticas era «explorar su sexualidad mediante las redes sociales», sin darse cuenta de la «situación de asimetría con los acusados».
Además, aunque inicialmente declaró que no tenía «sensación de ser violentado», cuando su entorno le advirtió de que no era una conducta «normalizada», le hizo ser consciente de que «no eran relaciones de igual a igual», y de los riesgos que estaba tomando con las mismas. Por ello, desarrolló sentimientos de culpabilidad por la repercusión de sus actos en sus padres
Asimismo, han señalado que «ambos creían que eran capaces de poner límites sobre las personas que les están agrediendo», ya que ante la «relación asimétrica» que mantenían con las personas que les pagaban por mantener relaciones sexuales, consideraban «tener el control» porque recibían dinero, obtenían un beneficio económico.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.